Además, el defensor les pidió al presidente del directorio de la EPE, Raúl Stival, y a la secretaria de Energía, Verónica Gesse, “una tarifa social para las pequeñas y
Otras de las medidas que solicitó fue que figure en las facturas de la EPE “el detalle del monto correspondiente a la energía mayorista tal como se efectúa para el caso de los impuestos, entendiéndose que de ese modo se daría cumplimiento del derecho constitucional del usuario a recibir información adecuada”.
También el defensor le escribió al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para expresarle la “profunda preocupación como organismo de defensa de los derechos de los habitantes de nuestra provincia de Santa Fe, por el alto impacto que el valor de la energía en el mercado eléctrico mayorista está teniendo sobre los usuarios de este servicio público esencial para el normal desenvolvimiento de las personas y de las empresas e industrias santafesinas”.