La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja convocó a tratar el miércoles 2 de mayo el desafuero de Aída Ayala, diputada radical acusada de graves irregularidades durante su gestión
al frente de la capital chaqueña. Es por el armado de un esquema de contratación para la recolección de residuos.
El macrista Pablo Tonelli, titular de la comisión, formuló la citación este viernes, tras recibir el pedido formal de la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger. La legisladora de la UCR, que aspiraba a postularse por segunda vez a la Gobernación en 2019 está acusada der lavado de dinero.
Esta semana, la magistrada dio curso favorable a la solicitud que había sido presentada por el fiscal Patricio Sabadini, en el marco de una causa en la que se investiga a Ayala por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, además del posible lavado de dinero.
Por este caso ya están detenidos el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo; su hijo, también dirigente del sindicato, Facundo Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro y Alejandro Fischer.
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Al conocerse la noticia, la diputada oficialista se presentó de manera espontánea ante la Justicia para interiorizarse sobre el trámite y, un día después, prestó declaración indagatoria. Allí, aseguró que tiene “la plena confianza” de que “no es cierto lo que se me acusa”. Además, pidió la eximición de prisión.
Ayala fue intendenta de la localidad entre 2003-2015, candidata a gobernadora del Chaco y fue electa diputada nacional de Cambiemos en las elecciones del año pasado, en la que se impuso al PJ. También fue secretaria de Asuntos Municipales en la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri. En la actualidad preside la Comisión de Economías Regionales de Diputados.
En Cambiemos habían anotado a Ayala para volver a competir por la Gobernación en 2019. Pero ante el pedido de desafuero esa posibilidad quedó envuelta en la duda, dado que los legisladores de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica anticiparon su voluntad de acceder al pedido de la jueza, en caso de que consideren que llegá con fundamentaciones, tal como hicieron en su oportunidad con el ex ministro K Julio de Vido.
Para aprobar el desafuero solicitado por la jueza para poder proceder al arresto de la diputada, la Cámara debe reunir los dos tercios de los votos de los presentes en el recinto.