Juan Maqueyra, titular Instituto Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, manifestó la voluntad del gobierno porteño de promover la construcción de viviendas destinadas a compra y alquiler social,
en respuesta a las demandas tanto de inquilinos como de inmobiliarias.
“Hemos avanzado en varios puntos, si todo sigue así el mes que viene vamos a tener novedades de políticas que impulsará el Gobierno con acuerdo de los sectores para mejorar el sistema”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Télam, y destacó la tarea realizada en la mesa de trabajo del instituto junto a inmobiliarias e inquilinos, “con el objetivo de que alquilar en la ciudad sea más simple y accesible”.
El plan para atender un déficit habitacional que en Buenos Aires afecta a 130 mil familias se llevará a cabo mediante acuerdos entre el Estado y constructores privados. Esta iniciativa se sumaría al complejo de viviendas en que se transformará la Villa Olímpica una vez concluidos los Juegos Olímpicos de la Juventud (que se realizarán en la ciudad en octubre), que junto a los créditos PROCREAR conforman el núcleo de políticas de vivienda del gobierno.
En la jornada de hoy los dueños de inmobiliarias se manifestaron en el centro porteño para protestar contra la ley que les prohíbe cobrar comisión a los inquilinos durante el contrato de alquiler. Armando Pepe, titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que la prohibición instrumentada por la denominada “ley Larreta” (Ley 5859, puesta en vigencia en a fines de 2017) produjo en el sector una disminución 50% de los honorarios, lo cual llevo a que “en lo que va del año 104 inmobiliarias cerraron sus puertas”.
En respuesta a esta protesta, el representante de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz sostuvo que “las inmobiliarias nos cobran lo que quieren”, y recordó que según la ley vigente son los propietarios los que deben abonar una comisión por el servicio que prestan los corredores.
“Si las inmobiliarias de la ciudad se están movilizando en contra de una ley por la que peleamos muchísimo los inquilinos, yo estoy contento, quiere decir que no nos equivocamos”, agregó Muñoz.
Pepe por su parte denunció que “es todo un movimiento político el que se maneja desde las asociaciones de inquilinos”, y remarcó que dentro de un padrón de 7200 corredores en la ciudad, “el 90% son inmobiliarias unipersonales, que durante la época del cepo cambiario vivieron y subsistieron con los alquileres”.
Respecto a la mesa de diálogo promovida desde el Instituto de la Vivienda, Muñoz dijo que “los intereses son muy opuestos, y el Gobierno de la ciudad no quiere tomar grandes medidas que solucionen el problema de la vivienda en Buenos Aires, solo cuestiones cosméticas para no entrar en conflicto con el mercado inmobiliario y aparentar que hacen algo por los inquilinos”.
Desde el IVC Maqueyra respondió a este cuestionamiento y sostuvo que las políticas establecidas desde su organismo “están directamente orientadas a tratar de cuidar a quien tiene una situación de mayor vulnerabilidad en esa relación, que es el inquilino”.
En ese sentido, anunció que junto al nuevo plan de construcción de viviendas, están trabajando para generar desde el Estado alternativas a la garantía inmobiliaria, crear un registro de contratos firmados, y que en las comunas existan instancias de mediación y asistencia legal gratuita tanto para propietarios como inquilinos, servicio que ya existe en la sede del IVC de la calle Dr. Enrique Finochietto 435.