La relación entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo ha sido históricamente conflictiva. El Poder Judicial debe ser garante del sistema democrático y en ese proceso delimita las facultades del Gobierno de turno.
Según Chequeado.com en la década del ’80 la Corte trataba 2 temas políticamente perfilados por año, mientras que en el último kirncherismo esa cifra ascendió a 6. Es decir, la injerencia de la Corte sobre la agenda de nuestro país crece década tras década, quedando cada vez más cuestiones sensibles bajo su poder de revisión. La Corte tiene hoy en sus manos una decisión clave para los jubilados: si los obliga a percibir el haber de la reparación histórica o les garantiza el derecho al haber que les corresponde. Es justamente en búsqueda de una pronta definición que el Gobierno comienza a presionar al Máximo Tribunal.
En mayo de 2016 el Gobierno anunció el Programa de Reparación Histórica que otorgaría una mejora en su beneficio a “más de 2 millones de jubilados” según el Emilio Basavilbaso Alvear, titular de ANSeS. Con gran expectativa esperaban que los jubilados y pensionados acudieran masivamente al organismo previsional a aceptar la oferta que les hacían para no iniciar un juicio de reajuste o para desistir del que tenían en curso. No obstante, a 18 meses de su implementación tenemos la siguiente foto: el 41% aún no tuvo propuesta menos del 10% de los jubilados con juicio iniciado ha aceptado la oferta (todos cuentan con un letrado que los puede asesorar: de cada 10 jubilados a 1 le convenía, a 2 les ofrecían la mitad de lo que les correspondía y a 7 les hacían una propuesta que era insultante)
Estos días la Cámara Federal de Seguridad Social publicará los números oficiales, pero la información preliminar indica que la Reparación Histórica no logro frenar le litigiosidad previsional, sino más bien todo lo contrario. Numerosos jubilados al recibir la propuesta de ANSeS consultaron un abogado y luego de conocer los números comparativos decidieron iniciarle juicio al Estado para percibir lo que les corresponde.
En este escenario, el Gobierno comenzó en 2017 una embestida feroz para que la Justicia cambiara en sus sentencias el índice de ajuste actual (ISBIC) por el índice de la reparación histórica (RIPTE). De ocurrir esto, de cada $100 que la ANSeS debe pagar a los jubilados por sus juicios terminara pagando $25. Un jubilado que tuvo que litigar contra el Estado 7 o 9 años, que rechazó la propuesta de “Reparación Histórica” por ser confiscatoria y decidió a pesar de su avanzada edad esperar a cobrar lo que le corresponde, a último momento vera como le cambian las reglas del juego y le obligan a percibir el haber de reparación histórica.
Se presentan a diario miles de apelaciones a la Corte en expedientes donde tanto la primera instancia como la Cámara han confirmado la aplicación del índice correcto. Las Salas con enorme esfuerzo de su personal contienen la presión, rechazando in limine la mayoría de los recursos extraordinarios, pero unos pocos casos ya han logrado pasar el dique y llegar a la Corte, quien deberá pronunciarse en esta sensible cuestión.
Es en este escenario que nuestro ministro de Justicia, Germán Garavano, visita secretamente a la Corte Suprema. Entonces, quienes trabajamos a diario con los jubilados para lograr el reconocimiento de sus derechos nos preguntamos, ¿estuvo este tema en agenda? ¿Presionaran políticamente al máximo tribunal para que pulverice los juicios de los jubilados?
Según Chequeado.com entre 2003 y 2014 el 44% de los fallos sobre cuestiones políticamente sensibles fue favorable el Gobierno. Este dato podría indicar un nivel de imparcialidad de la Corte Suprema que nos permite confiar en la Justicia como garante del estado de derecho. Charles Louis de Secondat detallo en “El Espíritu de las leyes” los peligros de no contar con una apropiada separación de poderes. “No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si no está separado del Poder Legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.
A quienes se encuentran involucrados en esta decisión y a los miembros del Gobierno que pretenden utilizar a los jubilados una vez más como válvula de ajuste, no se olviden de lo que ocurrió en diciembre. Los jubilados no están sindicalizados, pero no los subestimen, cuentan con la empatía de toda la población. Son nuestros adultos mayores y por ellos estamos observando cada paso de este proceso. Confiamos en la Justicia, pero no nos distraemos.
fuente ambito
autor Andrea Falcone
