Presentaron en conjunto un proyecto en el Senado sobre la designación de los jueces. El peronismo tendrá incidencia en los nombramientos. Otros casos que preocupan en tribunales
El gobierno nacional y el peronismo avanzaron juntos para destrabar la resolución de la Corte Suprema de Justicia que frenó la puesta en marcha de los nuevos tribunales orales federales, encargados de juzgar los casos de corrupción. Senadores oficialistas y opositores presentaron un proyecto para adecuar la ley a lo que resolvió el máximo tribunal.
Fuentes oficiales informaron a Infobae que los senadores Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino (ambos del PJ) y Ernesto Martínez (Cambiemos) firmaron la iniciativa que propone que la designación de los jueces de los tribunales federales pase por el Poder Ejecutivo y por el Senado.
Si el proyecto avanza, el peronismo tendrá un rol clave en el nombramiento de los nuevos jueces que hasta ahora estaba en manos del gobierno y de un sector del Poder Judicial. Cristina Kirchner, como senadora, podrá votar los nombres de los magistrados que la juzgarán en sus causas judiciales.
El Congreso Nacional aprobó en diciembre de 2016 la ley de fortalecimiento de los tribunales. La norma transformaba cinco Tribunales Orales Criminales -que juzga delitos ordinarios como homicidios, robos y violaciones- en Tribunales Orales Federales (TOF) -que tiene los casos de narcotráfico, crimen organizado y corrupción-. Se trata de tribunales claves porque juzgan a los ex funcionarios nacionales.
Senador Rodolfo Urtubey (Télam)
La ley llevaba de los actuales ocho tribunales federales a 13. El objetivo es tener más tribunales para agilizar los juicios y destrabar la cantidad de causas que hay en trámite.
La norma no estableció un criterio de cómo se iban a elegir a los nuevos jueces. Eso lo dejó por mayoría simple de votos a cargo del Consejo de la Magistratura de la Nación, en donde el macrismo con sus aliados tienen mayoría. Allí comenzaron la críticas dentro de la justicia. Los nombres que comenzaron a ser elegidos fueron de jueces cercanos al Gobierno y a los sectores judiciales que integran la Asociación de Magistrados.
El primer tribunal traspasado fue el Tribunal Oral Criminal 10 convertido en el Tribunal Oral Federal 9, integrado por los jueces Silvia Mora, Alejandro Becerra y Alejandro Nocetti Achaval. Mora es la esposa de Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados, y Nocetti Achaval tuvo como secretario a Juan Mahiques, funcionario del Ministerio de Justicia y hombre clave en el Consejo donde es el representante del gobierno.
El TOF 9 comenzó a funcionar en diciembre pasado y salió sorteado para intervenir en dos de las causas con mayor atención y tensión política: el expediente por lavado de dinero contra el empresario detenido Lázaro Báez y el memorándum de entendimiento con Irán, en el que está procesada Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner en el Senado (Maximiliano Luna)
Una semana después que el TOF 9 recibió la causa del memorándum, la Corte lo inhabilitó. El máximo tribunal, por tres votos a dos, dictó una acordada en la que dijo que el tribunal no podía funcionar porque la designación de sus integrantes contempló la intervención del Consejo pero no del Poder Ejecutivo y del Senado, tal como establece la Constitución Nacional. También que los jueces eran de una competencia -justicia ordinaria- y pasaban a una distinta, la federal.
Así, la Corte no habilitó el tribunal y ordenó que todas las causas que había recibido se sortearan nuevamente. La minoría del máximo tribunal avaló el traslado de los jueces al TOF y aprobó su habilitación.
La decisión de la Corte no solo frenó al TOF 9 sino también los otros cuatro tribunales federales sobre los que el Consejo estaba avanzando.
Tan sorpresiva fue la resolución de la Corte que unas horas antes el Consejo había aprobado el nombramiento de tres jueces para los tribunales federales (Pablo Vega, Adrián Pérez Lance y Miguel Ángel Caminos).
Pero el Gobierno y el peronismo decidieron avanzar en conjunto para destrabar el conflicto. Presentaron en el Senado un proyecto para reformular la ley de los TOF a lo que resolvió la Corte.
La iniciativa de los senadores agrega un artículo que sostiene que tras la aprobación del Consejo “el traslado de estos magistrados requerirá propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado de la Nación”.
Con el proyecto, el peronismo tendrá fuerte incidencia en el nombramiento de los jueces. En el PJ tiene los votos en el Senado para avanzar o rechazar los nombres. Hasta ahora todo quedaba en el Consejo donde alcanzaba con el visto bueno del macrismo y sus aliados.
Ahí aparece como clave el nombre de Urtubey. Hermano del gobernador de Salta Juan Manuel Urutubey y aliado del jefe del bloque del PJ en el Senado Miguel Ángel Pichetto, Urtubey es integrante del Consejo de la Magistratura y preside la Comisión de Acuerdos del Senado, donde se tratan los nombramientos de los jueces.
La Corte Suprema (DyN)
Si la iniciativa avanza, Cristina Kirchner como senadora tendrá que votar a los jueces que la podrían juzgar en las causas que está acusada junto a ex funcionarios de su gobierno. Dos de las más importantes -el memorándum con Irán y las irregularidades en la obra pública concedidas a Báez- ya tienen tribunal.
“Hay que ver cuanto se tarda en aprobar la reforma”, advierten desde el Senado. Mientras eso no ocurra no se pondrán en marcha los nuevos TOF que impulsa el gobierno.
En tribunales es tema de conversación la acordada de la Corte Suprema que frenó los tribunales y algunos jueces se preguntan los motivos y cuáles serán sus alcances finales. Algunos la celebran: “así como le puso un freno a las reformas del kirchnerismo, está bien que lo haga con las del macrismo cuando se avanza sobre la institucionalidad”.
Una de las preguntas que más se repite es por qué la Corte inhabilitó al TOF 9 en marzo cuando se puso en marcha en diciembre. A eso se suma que el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, se reunió con los jueces de ese tribunal y les había adelantado que iban a tener recursos para afrontar el caudal de causas federales que iban a recibir.
Pedro Gustavino, senador del PJ
La resolución de la Corte puso bajo a lupa a otros jueces que están en una situación similar a los del TOF 9. Uno de ellos es Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal que revisa las causas y los juicios por corrupción.
Mahiques es el padre de Juan Mahiques y fue el primer ministro de Justicia que tuvo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. El magistrado fue trasladado de la Casación Nacional a la Casación Federal, dos competencias distintas. Y lo hizo sin la intervención del Senado, un aspecto que resaltó la Corte.
El ex titular del AFSCA Martín Sabatella pidió el apartamiento de Mahiques de una causa en la que Casación tiene que resolver un procesamiento en su contra. El planteo fue rechazado y la defensa de del ex funcionario kirchnerista, a cargo de la abogada Graciana Peñafort, adelantó que apelará a la Corte Suprema.
Otro caso es el de Guillermo Yacobucci, quien era juez del Tribunal Oral Criminal 6 y el Consejo lo trasladó al TOF 7. Sería la misma situación que sus colegas del TOF 9. El TOF 7 fue habilitado por la Corte con la designación de Yacobucci.
Carlos Mahiques, juez de Casación
También está la situación de Leopoldo Bruglia, juez de la Cámara Federal, el tribunal que revisa las decisiones de los magistrados federales de primera instancia en la causa de corrupción. Es un asiento clave. Bruglia fue trasladado del TOF 4 a la Cámara. El Consejo aprobó su destino definitivo el jueves pasado, un día antes que la Cámara liberara por mayoría a los empresarios Cristobal López y Fabián De Sousa. Bruglia votó por que sigan detenidos.
El traspaso tampoco pasó por el Senado y todavía tiene que ser refrendado por un decreto del presidente Mauricio Macri. La diferencia con el resto de los casos es que Bruglia es de la misma competencia federal.
Hubo más presentaciones judiciales tras la acordada de la Corte. Los jueces Sergio Paduczak y Gabriel Nardiello fueron objetados en un juicio por narcotráfico. Se trata de magistrados que integran un Tribunal Oral Criminal pero que fueron designados como subrogantes en el TOF 5. La defensa pidió la nulidad de la integración del tribunal porque entiende que su situación encuadra en lo que resolvió la Corte. La Fiscalía pidió que rechazar el planteo porque el máximo tribunal se pronunció sobre traslados definitivos y no sobre subrogancias. Ahora los jueces deberán resolver.
Todos los casos podrían llegar a la Corte Suprema, lo que generará una gran expectativa en Tribunales.
Entre los jueces hay una pregunta: ¿que pasará con todas las decisiones judiciales que tomaron los magistrados que podrían estar alcanzados por la decisión de la Corte? Algunos se asustan de pensar que todo podría ser declarado nulo. También señalan que eso no va a pasar, aunque dicen que debería.
fuente infobae
autor Martín Angulo
