La Universidad de San Martín desactivó la medidora del rating de la TV, que había lanzado el gobierno kirchnerista en 2014.
Ya no funciona la medidora del rating de la televisión, que creó el gobierno kirchnerista con una inversión superior a los $50 millones. Fuentes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) confirmaron a Clarín que dejó de funcionar “porque no se contaba con los recursos para mantener la operación del panel”.
El Proyecto Pascal, de la UNSAM, fue lanzado en junio de 2014, por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto en el Museo del Bicentenario. En esa ocasión, la ex presidenta dijo que era el Sistema Federal de Medición de Audiencias (SIFEMA), un “sistema de medición nacional”, “confiable y legítimo”, para saber qué programas de televisión veía la gente en todo el país.
No había antecedentes internacionales de una iniciativa similar, ya que ni siquiera al gobierno venezolano se le había ocurrido crear una medidora paralela a Ibope -donde también opera esta empresa-, por estar en desacuerdo con sus mediciones de rating.
La empresa uruguaya Transix había implementado en una sede de la UNSAM el control central para monitorear 1.692 people metters, que estaban instalados en 890 hogares de Capital y Gran Buenos Aires. El Proyecto Pascal insumía $17 millones al año, de costos operativos, que servían para pagar los sueldos de 48 empleados, más los costos de infraestructura y las 890 tarjetas que les daban a las 890 familias de la muestra para consumir $300 mensuales en supermercados.
La medidora de rating de la UNSAM, Pascal, comenzó a dar datos en octubre de 2014, cuando Cristina Kirchner lo anunció en un acto oficial con el jefe de Gabinete Jorge Capitanich. quien destacaba los beneficios del nuevo sistema, “que perdurará en el tiempo y garantizará transparencia en el sistema de medición”.
Sus números eran auspiciosos para el Gobierno. El rating que le daba al programa ultrakirchnerista 6-7-8 era de 2,4 puntos para Ibope y de 4,6 para la UNSAM; en línea con las diferencias que le daban al otro programa de la productora de Diego Gvirtz en Canal 7, Fútbol Permitido , que tuvo 4,8 y 7,9 puntos de rating, respectivamente. Lo mismo ocurría con los programas de Gvirtz en Canal 9, ya que TVR medía 2,9 para IBOPE y 5,7 para Pascal; mientras que Duro de Domar tenía 2,2 y 3,8 puntos, para una y otra medidora.
Ese tipo de mediciones continuó hasta la primera semana de junio de 2017, cuando Pascal ubicó a la cadena de noticias C5N de Cristóbal López en cuarto lugar del rating de toda la televisión, con 2,26 puntos, por encima de Canal 9 y con el doble de rating que TN. Una insólita medición, ya que por entonces TN superaba a C5N, tal como todavía sucede.
Esas mediciones de la UNSAM no eran auditadas por ningún organismo de control; mientras que Ibope tiene las homologaciones de la Cámara de Control de Medición de Audiencia (CCMA), que integran los canales de TV y las agencias de publicidad.
El sistema Pascal surgió del convenio que firmó la UNSAM, en representación del Gobierno, y una pequeña empresa uruguaya, Transix, en 2011, para transferir el hardware y el software del sistema. Sus impulsores fueron Néstor y Cristina Kirchner, a través del entonces titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer, el rector de la UNSAM, Carlos Ruta, y Gabriel Mariotto, cuando era presidente de la Autoridad Federal de Servicios audiovisuales (AFSCA). El vínculo lo estableció Bauer con la UNSAM, ya que su rector fue el productor general de su película Iluminados por el Fuego.
Ahora se supo que naufragó la aventura de crear una medidora de rating paralela a Ibope, con fondos estatales. “La medición de consumo audiovisual se desactivó hace seis meses aproximadamente. Continúa el programa de investigación aplicada en opinión pública y redes sociales”, dijo una fuente de la UNSAM.
Durante el gobierno kirchnerista la UNSAM participó además en los subsidios a las producciones audiovisuales, financiados por el Ministerio de Planificación, como el de la novela de Andrea del Boca. Y montó un sistema de efectos especiales, que costó más de $ 350 millones, que también pagó el entonces ministro Julio De Vido y fue transferido por la Justicia a principios de años al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, luego de detectar numerosas irregularidades.
fuente clarin
