La ex presidenta había sido llamada a indagatoria nuevamente en la causa por supuesto lavado de activos; “Este es un inmenso disparate jurídico”, dijo
La ex presidenta y senadora electa Cristina Kirchner se presentó frente al juez Julián Ecolini por el llamado a indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa Hotesur, que la investiga por recibir pagos del empresario Lázaro Báez por alquilar habitaciones en sus hoteles. Presentó un escrito y en menos de media hora dejó el lugar.
La indagatoria estaba prevista para las 10, pero se adelantó una hora por motivos que aún no trascendieron. La ex mandataria llegó a los tribunales federales minutos antes de las 9, en el marco de un operativo de seguridad en la entrada del edificio que alcanzaba el cuarto piso, donde se desarrolla la indagatoria.
Sólo estuvo media hora en los tribunales. Presentó un escrito ante el juez, y se retiró.
En unas breves declaraciones que hizo ante el magistrado antes de entregar un escrito en el marco de su indagatoria por la causa Hotesur, la senadora electa le dijo al juez sobre las acusaciones en su contra: “[Son parte de] un inmenso disparate jurídico del cual no pienso formar parte”, según el acta de la declaración.
Apenas después de salir, Cristina Kirchner publicó en su cuenta de Twitter el texto que entregó a Ercolini. Lo tituló: “Existen por lo menos siete decisiones judiciales firmes que han analizado los mismos actos, en las cuales se descartó la existencia de cualquier tipo de ilícito”.
El escrito presentado recién cfkargentina.com.ar/escrito-presen…
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“Como será explicado en los capítulos siguientes, en la presente causa se han violado de manera grosera las reglas más elementales que hacen al debido proceso legal”, son las primeras líneas del extenso escrito, donde asegura que no se respeta “uno de los más elementales principios que establece la Constitución Nacional: que toda persona es inocente hasta que una sentencia firme demuestre su culpabilidad”.
Y solicita que se dicte su sobreseimiento. “Es tan arbitraria la intimación que ni siquiera se precisa cuáles son las conductas que conforman la supuesta maniobra de blanqueo de capitales, cuándo se habría consumado ni el modo en qué se habría afectado el bien jurídico tutelado por la norma”.
Ayer, a través de las redes sociales, Cristina Kirchner había pedido a sus militantes que no asistieran a los tribunales donde estaba citada y volvió a acusar al gobierno deMauricio Macri de impulsar una persecución judicial en su contra. “Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar”.
Saben, en el Gobierno y en el Senado, que conmigo no hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar.
Por eso, porque no debemos entrar en su juego, les pido por favor a todos y a todas que mañana nadie vaya a Comodoro Py. Voy a ir sola.
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Ayer, también vía Twitter, había adelantado que después de Comodoro Py iría a la “entrañable localidad” José C. Paz. “Su intendente me invitó a la inauguración del Hospital Oncológico Municipal donde quiero agradecer el apoyo recibido en las pasadas elecciones del 22 de octubre”.
La causa
La ex presidenta está acusada de lavar dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la firma Hotesur.
La empresa que dio nombre a la causa es dueña del hotel Alto Calafate, que según el expediente judicial fue alquilado primero a Valle Mitre, Lázaro Báez y, luego, a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.
En la causa también están imputados los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, cuyas declaraciones indagatorias están previstas para la semana próxima. Para el juez, los acusados “habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera, que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública”, lo que habría generado una “ganancia ilícita”. De acuerdo con la investigación que realizó el fiscal Gerardo Pollicita, de 2009 a 2013 las empresas de Báez pagaron más de $ 27 millones por alquileres en Alto Calafate.
fuente lanacion
