El ex vicepresidente había sido beneficiado por una sentencia del Tribunal Oral 1 en lo Criminal Federal, que había declarado extinguida la acción por prescripción
No son días fáciles para Amado Boudou. Detenido en el penal de Ezeiza, el ex vicepresidente recibió una mala noticia sobre un tema que creía resuelto: la causa por el auto con papeles truchos lo volverá a tener en el banquillo de los acusados pese a que en agosto un tribunal lo había absuelto.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenó que el ex funcionario kirchnerista sea sometido nuevamente a un debate oral y público. En ese caso, Boudou y su ex novia Agustina Seguín están acusados de haber utilizado datos truchos para realizar la transferencia de un vehículo Honda que el matrimonio había adquirido en 1992, en la ciudad de Mar del Plata. Se sospecha que la maniobra buscó ocultar el bien de un trámite de divorcio que protagonizaba por aquel entonces el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.
El otrora ministro de Economía y Seguín habían sido beneficiados por un fallo del Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal, que sobreseyó a los acusados porque entendió que la acción estaba extinguida por prescripción. La Fiscalía, que había pedido tres años de prisión en suspenso, apeló el fallo y ahora los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani ordenaron que un nuevo tribunal vuelva a enjuiciar a los acusados.
Según se comprobó en la etapa de instrucción, Boudou alteró el formulario 04, donde registró una dirección falsa, el 08 con las firmas originales y el 012, pues no anotó allí el cambio de motor que hizo entre 1994 y 1995. Las irregularidades surgieron en 2003 cuando quiso radicar el vehículo en Capital Federal.
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Actualmente el ex vicepresidente está siendo sometido a otro debate oral en la causa Ciccone, donde lo acusan de haberse quedado con la fábrica de billetes para hacer negocios con el Estado del que formaba parte. Además, fue detenido por orden del juez federal Ariel Lijo en un expediente que lo investiga por enriquecimiento ilícito. Su abogado, Eduardo Durañona, espera revertir esta decisión en la Cámara Federal.
