Existe un camino para prevenir esas atrocidades: la participación activa de la sociedad para denunciar la posible comisión de estos hechos. Todo indica que el problema de la portación de arma de uso civil ha tomado desde hace años un fuerte contenido ideológico. Por Horacio French*
Gran sorpresa tuvo Rudolph Giuliani, el alcalde de Nueva York en 2001, cuando la Policía de esa ciudad le entregó los resultados de una estadística impactante: el 30 por ciento de los portadores de armas para la defensa personal terminaban siendo ejecutados con sus propias armas.
Esta realidad obligó a Giuliani a excluir de la exitosa política de seguridad que implementó en esa ciudad, la alternativa de fomentar en la ciudadanía la portación de armas de fuego para defenderse de la delincuencia.
Según el Octavo Informe de Conflictividad publicado por el Ministerio Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el delito de portación ilegal de armas de fuego se encuentra entre los que se cometen con más frecuencia en ese distrito, y también es allí donde la mayor cantidad de detenciones se da en barrios de clase media baja, como es el caso de Villa Lugano, pero también en sitios de mayor poder adquisitivo, como lo son Palermo y Balvanera.
Todo indica que el problema de la portación de armas de uso civil ha tomado desde hace años un fuerte contenido ideológico.
Detrás de las políticas que alientan el desarme de los ciudadanos aparecen mensajes provenientes de organismos internacionales, como es el caso de las Naciones Unidas, donde el tratamiento de este tema es englobado en las políticas de desarme de armas químicas y nucleares y las minas militares colocadas durante los conflictos armados.
Medidas vanas
Mientras tanto, en la Argentina, como en casi toda Latinoamérica, el problema del desarme civil se realiza en dos frentes: a través de la ley de portación y tenencia de armas de fuego, que restringe su uso, y por la iniciativa estatal que alienta la entrega voluntaria de armas de los ciudadanos, seducidos principalmente por una compensación económica.
Si bien estas medidas son de utilidad, no representan acciones concretas, debido a que las armas que de verdad provocan daños son portadas por los delincuentes y también por algún demente que resulta muy difícil de controlar.
En la Argentina, se recuerdan entre las más duras masacres la de Carmen de Patagones, en 2004, a manos de un colegial que asesinó a varios compañeros de curso; la ocurrida en 1999 en un banco de la ciudad de Río Cuarto, cuando un policía alienado ejecutó a seis personas para encubrir un delito, y la muerte de Alfredo Marcenac, un inocente joven que circulaba caminando por el barrio de Belgrano y que fue abatido por una persona a la que luego se le comprobó que tenía sus facultades mentales alteradas.
Caminos posibles
No caben dudas de que la prevención de estos terribles acontecimientos quizá sea la más difícil de lograr, porque detectar criminales que matan sin causa alguna excede las posibilidades de cualquier investigación.
Es el caso reciente del tirador de Las Vegas que, a los 64 años, con edad suficiente para aplacar las pasiones -blanco caucásico, millonario y hombre de familia- se convirtió en pocos instantes en el mayor asesino de la historia de los Estados Unidos.
Pese a todo, existe un camino para prevenir estas atrocidades. No es otro que la participación activa de la sociedad para denunciar con anticipación la posible comisión de estos hechos. Pero para que eso suceda, es imprescindible que los ciudadanos confíen en el Estado, cuestión que en la Argentina está muy lejos de lograrse.
* Doctor en Derecho, docente de la Universidad Blas Pascal
fuente lavoz
