Lo confirmó el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari. En qué consiste.
El Gobierno quiere asegurarse un alto nivel de participación en las Legislativas para captar a un sector del electorado que, entiende, le es más amigable que al kirchnerismo. Pero es consciente que el creciente número de amenazas de bomba en las escuelas bonaerenses pone en peligro esa estrategia. En este contexto, desde la Provincia admitieron “preocupación” y confirmaron que se prepara un protocolo para evitar que se interrumpa el acto electoral ante estos casos.
Así lo indicó el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, quien precisó que el plan será llevado a cabo “por todas las fuerzas de seguridad involucradas en la elección” para que estas acciones “no interrumpan la voluntad de voto” de la ciudadanía. “Vamos a tener un protocolo organizado, para que no se interrumpa el acto electoral. Y, en caso de que ocurra, generaremos las condiciones para que todas las personas de esa escuela, involucradas en la suspensión, voten igual”, dijo el funcionario de María Eugenia Vidal a radio Mitre, al detallar la charla que mantuvo hoy con el juez electoral bonaerense Juan Manuel Culotta, a cargo del operativo.
En diálogo con Clarín, Ferrari admitió que en la Provincia hay “preocupación” por la situación, pero advirtió que el protocolo no dependerá del Gobierno sino de la Justicia electoral. “El (por Culotta) está trabajando con la Junta Electoral y con el Comando Electoral -las fuerzas de seguridad- para establecer un protocolo para que todos puedan votar”, agregó.
Aunque no dio mayores precisiones respecto a qué medidas contemplaría el plan, Ferrari reveló que se trata “de evitar que se interrumpa el acto electoral” y que “en caso de que haya que hacerlo, se resguarden las urnas y los padrones y se garantice que los que falten votar puedan hacerlo”.
Según contó el ministro, una posibilidad es que a los votantes afectados por una amenaza de bomba que hayan llegado a la escuela antes del cierre de los comicios se les entregue “un cupón que garantice su presencia”. De todos modos, insistió en que será finalmente “el juez quien determine cómo se deberá hacer”.
Sobre las amenazas, Ferrari dijo que “llama mucho la atención que se concentren en la Provincia y en determinados distritos, cuando no hay una ola nacional. Y también que desde el 1 de septiembre y tras casi 3000 denuncias no haya habido voces de condena más allá del oficialismo”.
“Esto no es ni gracioso ni simpático, es un delito penado en el artículo 211 del Código Penal. Por eso que tengan mucho cuidado las personas que están siendo identificadas porque vamos a también generar la acción civil de recupero de los daños”, advirtió.
En ese sentido, expuso que al Estado “cada amenaza le cuesta 100 mil pesos” y que, por ese motivo, “es el número por el cual se van a hacer los reclamos”.
Igual, si bien durante estos meses el Gobierno buscó generar conciencia entre los chicos para desalentar los llamados y amenazas, para Ferrari si hay denuncias el domingo “claramente van a estar vinculados a lo político”.
fuente infobae
