Los diputados porteños podrían aprobar hoy modificaciones en la reglamentación vigente desde 2007 con el objetivo de beneficiar a los inquilinos; el proyecto ya provoca el rechazo del sector inmobiliario. Por Mauricio Giambartolomei
a negociaciones inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires están a un paso de cambiar. Con un amplio consenso entre los legisladores el Gobierno porteño podría aprobar esta tarde una nueva Ley de Alquileres que modificará la ya existente y que en su espíritu principal tendrá como fin beneficiar a los inquilinos.
El cambio más importante que se propone es que la comisión en el contrato de alquiler deberá afrontarla el propietario del inmueble y no el inquilino, como ocurre en la actualidad. Además se plantea que los derechos de los inquilinos y propietarios estén presentes en toda página web y espacio físico a cargo de inmobiliarias y que el Instituto de la Vivienda (IVC) junto a la Defensoría del Pueblo provean asistencia gratuita a quienes la demanden.
El proyecto se debatirá esta tarde en la Legislatura para agregar o modificar artículos de la Ley 2340 sobre la creación del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios sancionada en 2007. Los cambios son impulsados por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y provocaron el rechazo del sector inmobiliario, principalmente del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) que el martes publicó una dura solicitada en los medios gráficos. La discusión se da casi en forma simultánea a lo que sucede en el Congreso de la Nación con el mismo tema.
El cambio más relevante sustituye el inciso dos del artículo 11: “Son derechos de los corredores inmobiliarios percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la retribución que libremente pacten”, dice en la actualidad. Con la modificación quedaría redactado así: “Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la retribución que libremente pacten. Para los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional, el monto máximo de la comisión a cobrar será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador”.
Esta medida beneficiaría directamente a las 400.000 familias que alquilan, cada una de ellas con un promedio de 2,3 integrantes, más bajo de lo considerado para una familia tipo. Este número de inmuebles representan el 33% de viviendas porteñas, considerando que al menos 120.000 están vacías y ociosas en una ciudad que cuenta con un déficit habitacional de 130.000 hogares.
A favor y en contra
“El proyecto de ley es positivo”, anticipa Fernando Muñoz, titular de la Defensoría del Inquilino porteña. “Al mercado inmobiliario no lo afecta porque se seguiría cobrando la comisión, pero al locador. Además prohíbe la sobre facturación en gestoría, por ejemplo, trámites de averiguación de antecedentes que cuestan $400 y los cobraban hasta $2500”, agrega.
Sobre éste último punto el proyecto del oficialismo plantea modificar el artículo 10 de la Ley 2340 sobre “deberes de los corredores inmobiliarios” que incorporaría el siguiente párrafo: “Solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes, debiendo poner los mismos a disposición de éstas. Los costos de gestoría de dichos informes no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino habitacional”.
Muñoz entiende que la ley apuntalaría aún más los derechos de los inquilinos que en agosto del año ganaron una batalla. En el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 17 de la ciudad se resolvió que los corredores inmobiliarios (al menos 6000) no podían cobrar más de un mes de comisión, es decir, el 4,15% del valor total del contrato.
Para Héctor D’ Odorico, presidente del CPI, el efecto será totalmente adverso. “Entendemos que [la Ley] estará lejos de beneficiar al inquilino, por el contrario, lo perjudicará”, apunta. “El costo que tendrá que afrontar el locador se trasladará al locatario. Por ejemplo, cuando ponga en alquiler un departamento por $7000, pedirá $7000 más el valor de la comisión dividido en 24 meses. Esta no es una reforma a la ley de alquileres, sino una quita de ingreso a los operadores inmobiliarios”, avisa.
El proyecto se convertirá en ley si consigue el acompañamiento de la mitad más uno de los legisladores presentes en el momento. El oficialismo y sus aliados suman 32 votos sobre 60 diputados, por lo que la aprobación es casi un hecho. “A nivel nacional hoy existe una política clara de acceso a la vivienda y con este proyecto buscamos facilitarlo. Tendremos como resultado un proceso más justo y accesible”, sintetiza Francisco Quintana, jefe del bloque de Cambiemos.
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