El jefe de los senadores del PJ confirmó así que el proyecto que aprobó diputados sufrirá severas modificaciones
El jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto (Río Negro), descalificó este mediodía el proyecto de ley de régimen penal para empresas que aprobó la Cámara de Diputados y confirmó así que el Senado le introducirá severas modificaciones a la iniciativa.
“Queremos hacer algo serio, modificar esta norma y hacer algo coherente, que sirva para investigar”, afirmó Pichetto en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que se encuentra debatiendo el proyecto con la presencia de jueces y fiscales.
El legislador fue lapidario con varias de las cláusulas incorporadas al proyecto durante su debate en la Cámara baja, como la declaración de imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. “Es un mamarracho”, sentenció.
Pichetto también cuestionó el agravamiento de penas (dijo que era “muy grave” equiparar las sentencias mínima de los delitos de malversación de fondos públicos y de cohecho), y dijo que “abre una ventana peligrosa instalar el principio de responsabilidad objetiva y abandonar el principio de autor y responsabilidad subjetiva que rige en el Código Penal”.
En un claro mensaje al Gobierno, Pichetto también alertó sobre los efectos negativos que podría tener un régimen demasiado estricto, razón por la cual pidió encontrar “un modelo de equilibrio que permita sacar investigaciones sin actuar contra la posibilidad de que las empresas vengan a invertir en la Argentina”.
La jornada había comenzado con la exposición del fiscal Ricardo Sáenz, quien respaldó la sanción de un régimen penal para personas jurídicas, aunque destacó varias inconsistencias en el texto y coincidió en la mayoría de las quejas esbozadas por Pichetto.
En su pasaje más trascendente, Sáenz respaldó la postura del Poder Ejecutivo, que reclama por la inclusión en la futura ley de una cláusula que le permita al Gobierno alcanzar acuerdos administrativos con las empresas por beneficios penales a cambio de información que permita resolver casos de corrupción.
“Es discutible el acuerdo administrativo, pero hay mucho ruido por Brasil; de alguna manera hay que zanjar esta cuestión”, afirmó el fiscal, en referencia al escándalo Lava Jato .
Los más convencidos con el proyecto fueron los camaristas Gustavo Hornos y Carlos Mahíques, quienes destacaron la importancia en la lucha contra la corrupción del establecimiento de un régimen penal para empresas.
“El principio que parece traer esta norma es que nadie está por encima de la ley”, afirmó Hornos, presidente de la Sala II de la Cámara de casación Penal.
Por último, Hornos respondió la inquietud de Pichetto sobre el efecto que un régimen riguroso podría tener sobre las inversiones. “Esto es un incentivo, es el cumplimiento de estándares internacionales y hace a la seguridad jurídica”, afirmó.
fuente lanacion
