El fiscal Navas Rial, a cargo de la investigación, analiza apelar la decisión de la jueza Straccia para que la mayoría de los procesamientos sea por evasión agravada y no simple, de modo de que no prescriban por el tiempo transcurrido
El fiscal Claudio Navas Rial, que investiga a los argentinos con cuentas no declaradas en Suiza, buscará mantener en pie la mayoría de los procesamientos dictados hace dos semanas.
Así lo informaron calificadas fuentes judiciales a LA NACION, tras el procesamiento que dictó la juez María Verónica Straccia a 84 personas, poco antes del inicio de la feria de invierno. Del total, 50 procesamientos llevan la carátula de “evasión simple” y 34 de “evasión agravada”.
Rial tiene hasta el próximo jueves para apelar la decisión de la jueza Straccia, quien también dictó cinco sobreseimientos y 140 órdenes de falta de mérito.
Previamente, se había sobreseído a cuatro grupos investigados porque las cuentas estaban declaradas, pese a que en la denuncia original de la AFIP del 2014 aparecían como evasores.
En la fiscalía analizan la potencial apelación de los casos de evasión simple, ya que, si no hubiera cambios, quedarían prescriptos por el tiempo transcurrido desde los hechos investigados.
La denuncia de la AFIP se basó en la información robada por el ex ejecutivo del HSBC Hervé Falciani a dicho banco en Suiza, en base a datos del 2005 y 2006.
A la vez, la fiscalía -en cuyas manos la jueza delegó la investigación- espera poder analizar la información de un disco rígido aportado por la justicia norteamericana, con datos que podrían ser relevantes para la causa.
Pero algunos abogados defensores de los contribuyentes investigados plantearon un pedido de nulidad para que no se analizara esta información si antes no había un peritaje.
A su vez, la fiscalía está a la espera de la decisión de la cámara nacional de casación penal, que debe decidir sobre la validez o no del planteo de algunos contribuyentes que se sumaron al último blanqueo del kirchnerismo (2013-2015) y que, por lo tanto, pidieron quedar eximidos de la correspondiente responsabilidad penal. Un debate similar se dará con aquellos que adhirieron al reciente blanqueo desarrollado en este Gobierno.
En este sentido, las fuentes judiciales aclararon que hubo contribuyentes que se adhirieron, con diferentes sumas, a estos dos blanqueos y al del 2008, para extinguir la acción penal por evasión, amparados en las leyes correspondientes a estos regímenes de perdón fiscal.
El delito de evasión agravada tiene una pena de nueve años de prisión y se activa a partir de evasión mayor a los cuatro millones de pesos o a los $ 800.000 si en la maniobra participaron sociedades off shore.
En los casos en los que se dictó el procesamiento con esta carátula, la jueza además determinó un monto importante de embargo de las cuentas y la prohibición para salir del país, según las fuentes ligadas al caso.
La evasión simple (con un piso de $ 400.000), tiene un máximo de seis años de prisión y, por lo tanto, en este caso el delito está prescripto, ya que la investigación se basó en pruebas del 2005 y 2006. La denuncia de la AFIP que conducía Ricardo Echegaray fue a fines del 2014.
En forma paralela, la cámara en lo penal económico debe resolver el planteo de varios abogados de clientes que apelaron el rechazo de la jueza al pedido de nulidad de las pruebas.
El pedido de nulidad se basaba en que la prueba había sido obtenida por medios ilícitos por parte de Falciani. Sin embargo, Straccia consideró que ello no invalidaba los documentos que, en primer término, llegaron a las autoridades de Francia, “pues la regla de exclusión se aplica a las pruebas obtenidas ilícitamente por los funcionarios públicos y no por los particulares”.
La denuncia había empezado con un número de 4000 cuentas, pero luego la jueza y el fiscal lo redujeron en forma sustancial, porque había cuentas superpuestas y otras que efectivamente habían sido declarados ante el fisco argentino.
fuente lanacion
