El radar de la zona de Tartagal fue trasladado a Mendoza para la seguridad de la cumbre del Mercosur. Se trata de un equipo esencial para detectar vuelos ilegales.Por Edgardo Aguilera
La Estación Radar Tartagal de la Fuerza Aérea Argentina se quedó sin equipo. Desde el 10 de julio pasado la zona fronteriza con Bolivia, adyacente a Salta, está sin control ni vigilancia electrónica porque el radar que se había instalado para detectar narcovuelos se trasladó a Mendoza para la seguridad de los mandatarios que acudieron a la Cumbre del Mercosur. El centro de vigilancia y control de Tartagal se había sumado al sistema de lucha contra el narcotráfico dispuesto para cubrir la frontera norte, con radares en Ingeniero Juárez, Las Lomitas y Pirané en Formosa; Resistencia, Chaco; y Posadas y San Pedro, Misiones.
El equipo es uno de los seis que construyó el Invap con tecnología e industria nacional, denominado Radar Primario Argentino (RPA); tiene un alcance de 400 kilómetros y fue diseñado especialmente a requerimiento de la Fuerza Aérea para ser movilizado en avión. Se había instalado en el aeropuerto general Mosconi a 7 kilómetros de la ciudad de Tartagal y comenzó a operar a mediados de marzo pasado.
El primer teniente Jorge López, jefe de la estación radar junto a una dotación de 20 hombres, tuvo que levantar el equipo y movilizarlo por camión hacia Mendoza, que no cuenta con un radar apto para detecciones a larga distancia y para el control de las aeronaves militares que también se asignaron para protección de la Cumbre de presidentes del Mercosur.
Cielos
Los radares son esenciales en la tarea de vigilancia del espacio aéreo y para la interceptación de vuelos ilegales, en un sistema integral que se complementa con bloqueo de rutas y vías fluviales a cargo de las fuerzas de seguridad.
El despliegue en Tartagal se cumplió con la puesta en vigencia del Decreto N°228 que declaró la emergencia de seguridad pública en enero de 2016 y el lanzamiento del Operativo Fronteras. La decisión de Mauricio Macri tenía el objetivo de revertir la situación de peligro colectivo que implican el crimen organizado y los delitos complejos como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y la trata de personas.
El decreto establecía la implementación de un fuerte control del espacio aéreo y dispuso la aprobación de “Reglas de protección aeroespacial”, cuya autoridad de aplicación es la Fuerza Aérea. Están destinadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza contra quienes incursionen de manera ilegal o atenten contra objetivos estratégicos (plantas nucleares, represas, edificios donde se asientan los poderes del Estado, etc.).
Fuentes militares estimaron que Tartagal volverá a contar con el radar el 28 de julio próximo, pero se necesitan al menos dos días más para su calibración y puesta a punto. El Ministerio de Defensa “dispondrá las medidas necesarias a fin de garantizar que la radarización de la frontera norte permita un eficiente control y una efectiva disponibilidad de información en relación con la ocupación y tránsito diario que se despliegue dentro del espacio aéreo soberano, dice el decreto que firmó Macri en 2016. El rol quedó debilitado porque la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete a cargo de Gustavo Lopetegui dispuso un recorte al plan de radarización. Se eliminó de un plumazo el contrato para la producción de la segunda serie de seis Radares Primarios Argentinos 3D de Largo Alcance, suscrito entre la cartera de Defensa, Fabricaciones Militares e Invap. Implicaba una inversión de 1.000 millones de pesos, fuentes laborales para pymes especializadas que se agrupan en la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial y servirían para ampliar la cobertura y la vigilancia del espacio aéreo desde el centro hacia el sur del país, por caso Mendoza. El lapso de casi 20 días sin control radar en esa porción caliente de la frontera demostró la necesidad de contar con otros medios alternativos, como los aviones de vigilancia con los que se iba a dotar a la Gendarmería Nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había lanzado una licitación que más tarde canceló con el argumento de una readecuación del presupuesto hacia otras áreas y prioridades.
fuente ambito.com
