La procuradora Alejandra Gils Carbó está investigada.
La investigación por el pago de comisiones millonarias en la compra-venta del edificio de la Procuración General de la Nación suma documentación. El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo del expediente, agregó en estos días nuevos datos que refuerzan parte de las hipótesis con la que se inició el caso.
Para los investigadores se confirma que los ganadores de la licitación tenían información calificada y que el proceso licitatorio fue direccionado desde dentro de la Procuración General de la Nación.
Por este caso, en la causa radicada en el juzgado de Julián Ercolini, está imputada la jefa de los fiscales nacionales, Alejandra Gils Carbó. Entre los imputados se hallan también quienes cobraron las millonarias comisiones, quienes las pagaron y, entre otros, Guillermo Bellingi quien fuera subdirector general de la Procuración y se ocupó de manejar la licitación.
En el año 2013 la Procuración compró el edificio de la calle Perón 667. Gils Carbó había asumido en agosto de 2012 en su cargo y aceleró la adquisición del edificio para alojar a las principales oficinas de la Procuración.
La Procuración le pagó a Arfinsa, una empresa del Grupo Bemberg, 43.850.000 pesos por el edificio. La licitación fue manejada por Bellingi, un hombre puesto por Gils Carbó en el área de Administración. Bellingi era subdirector del Procuración y desde ese cargo intervino en el proceso. En el entorno de Gils Carbó circula la teoría del empleado infiel que hizo un negocio sucio. Y apuntan a Bellingi.
Arfinsa le pagó a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios 7,7 millones de pesos. A su vez Jaureguiberry le pagó a Juan Carlos Thill, un corredor de seguros de La Plata, sin vínculo con el negocio inmobiliario, la suma de 3 millones de pesos. Al cambio de julio de 2013 Thill, medio hermano de Bellingi se llevó 559.000 dólares.
Cuando Infobae reveló que el medio hermano de Bellingi había cobrado la millonaria comisión, Gils Carbó apartó al contador, experto en transparencia, quien ese día dejó de trabajar en la Procuraduría anti lavado creada por la procuradora para combatir la criminalidad económica.
Una de las imputadas en el caso es Bárbara Jaureguiberry. Su inmobiliaria representó a Arfinsa en la licitación. Ella retiró el pliego de, y firmó –antes de que la licitación se hiciera pública- un contrato con Thill por asesorarla en la licitación.
Jaureguiberry presentó un descargo en el expediente al que Infobae accedió en fuentes vinculadas al caso. Allí dijo que:
-Trabaja en el rubro inmobiliario desde hace 30 años
-Siempre se comportó “conforme a la ley y siguiendo estrictos parámetros de ética profesional”.
-El Grupo Bemberg es su cliente desde hace unos 25 años. Y que cuando ese grupo era dueño de la Cervecería Quilmes le conseguía inmuebles al personal extranjero de la empresa.
-En la actualidad tiene a la venta el predio que Quilmes tenía en Hudson, provincia de Buenos Aires.
-Cuando tuvo a la venta el edificio de la calle Perón tenía a la venta otro de la Calle Herrera en Barracas, ciudad de Buenos Aires.
–No conocía a Thill hasta que él llamó a la inmobiliaria para consultar sobre el edificio de la calle Perón que estaba en venta.
-Luego de la visita al edificio Thill le preguntó si estarían depuestos a presentar el edificio en una licitación pública.
-Thill, ante la inexperiencia de la inmobiliaria en licitaciones, se ofreció a “llevar los pliego” y asesorar “a cambio de una comisión”.
– Arfinsa consintió aceptar la propuesta de Thill.
-Fue Thill quien se encargó del trámite licitatorio del edificio de la Procuración. Todo quedó registrado en el convenio y la factura por sus servicios.
–No sabía que Thill y Bellingi fueran familiares.
-No percibió ningún accionar contrario a ley durante el trámite licitatorio. -Apreció que muchas personas de la Procuración estaban abocadas al trámite “lo que permite suponer la legalidad en el trámite licitatorio, pues semejante red de complicidades resultaba difícil de imaginar”.
-Thill jamás le dijo que su profesión fuera la de corredor de seguros. Pero sí le dijo que estaba vinculado con “el mercado de licitaciones”.
-Thill cumplió con todas las tareas vinculadas con los pliegos de licitación.
Jaureguiberry también dio una explicación acerca de por qué su sociedad anónima fue constituida en la ciudad de Buenos Aires meses antes de la licitación. Eso se debió a una situación vinculada con la matriculación de los martilleros de provincia de Buenos Aires en la Capital: no tenía relación con los preparativos para la licitación del edificio de la calle Perón.
También señaló que es incorrecto que su inmobiliaria haya cobrado el 18% de comisión de la venta. Esa empresa no se quedó con los $7,7 millones que facturó originalmente sino que tuvo que pagarle los $3 millones a Thill por los servicios prestados.
Thill, tal como adelantó este medio, le envió a Jaureguiberry por mail, el pliego de licitación e información que adelantaba la secuencia del proceso licitatorio. Desde el número que iba a llevar el expediente hasta el día en que el llamado a licitación pública se iba a publicar en el Boletín Oficial. En uno de esos mails, que Jaureguiberry reenvía a ejecutivos de Arfinsa señala que “me lo adelantan para que nos quedemos tranquilos”.
En su presentación, Jaureguiberry no habla del contenido de los mails que para los investigadores judiciales son indicios del direccionamiento de la licitación.
En cambio, sí habla del corredor de seguros que se hizo millonario en julio de 2013: “Que Thill fuera hermano de un funcionario de la PGN vinculado con el trámite licitatorio y que eventualmente, en razón de esa relación, recibiera información confidencial, ajena a la experticia que decía tener es algo que jamás supe”.
Jaureguiberry señaló que una la muestra de su desconocimiento de la relación es el pago a Thill se efectuó mediante “cheque cruzado con la cláusula no a la orden” porque lo que el comisionista de la comisionista debió depositarlo en su cuenta. Bárbara Jaureguiberry concluyó que el modo en que se hizo la operación es “incompatible con una mínima conciencia de ilicitud”.
