En su segunda jornada en Jujuy, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria recibió ayer a unas 15 personas, todos denunciantes de Milagro Sala o de su agrupación Tupac Amaru ante la Justicia, que contaron sus casos frente a los expertos internacionales.
“Finalmente las víctimas de Sala pudimos hablar, vieron que no somos un invento, somos de carne y hueso, y los organismos de derechos humanos se llevaron la voz que hasta ahora nunca habían escuchado”, señaló a Télam Víctor Mendoza, un dirigente del gremio docente que denunció golpes, secuestro y amenazas de muerte de parte de la gente de Sala.
Mendoza relató que el Grupo de Trabajo les aclaró que su pedido de libertad a Sala (que el organismo emitió en octubre del año pasado, cuando consideraron que su detención era “arbitraria”) no es modificable, pero que las impresiones de este viaje les servirán para elaborar el informe global sobre la Argentina que se conocerá en 2018.
En el mismo sentido se manifestó Rosalía Reyes, mamá de Lucas Arias, que contó su caso ante los funcionarios de Naciones Unidas. “Sala copó el Ministerio de Obras Públicas con el permiso del ex gobernador Fellner y del ministro, y entre 20 personas masacraron a mi hijo hasta matarlo”, relató.
Una historia similar detalló ante el grupo María del Carmen González. “Como nos fuimos con el Perro Santillán, Sala me sacó la vivienda que me correspondía y le hizo dar tantos golpes a mi hijo por la Policía que lo dejó en estado vegetativo, muerto en vida”, aseguró González. “Quieren hacer creer que era la Madre Teresa de Calcuta, que está mal detenida y que es una presa política”, se quejó ante la prensa a la salida del encuentro.
Después, Soledad Mendoza, explicó cómo se quedó sin la casa que había heredado de sus padres, que hace más de dos años no logra recuperar, según su relato. “Sala quería armar un merendero en mi casa y nos echó, arrastró a mi madre inválida por el piso de los pelos, y degolló a mis perros. Me dijo que si no me iba me lo iba a hacer a mí”, agregó.
La reunión, que duró 40 minutos, se realizó en el hotel donde se aloja la delegación, y al finalizar el grupo de expertos se dirigió a entrevistarse con fuerzas policiales y a recorrer centros de detención (vistiendo los chalecos identificatorios de Naciones Unidas), luego de que el Gobierno jujeño les facilitara credenciales para ingresar libremente y sin previo aviso a cualquier establecimiento carcelario o comisaría de la provincia.
La noche antes, en el mismo hotel, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria había escuchado, por dos horas, a más de 50 representantes de sindicatos, partidos de izquierda y agrupaciones sociales que les llevaron sus diferentes denuncias.
“Pusimos de manifiesto la persecución que sufrimos en la provincia, con el aceleramiento de las causas judiciales por manifestarnos. Todas las semanas nos están convocando a Tribunales”, explicó Rafael Vargas, secretario General del Sindicato Obreros y Empleados del Azúcar. El grupo de trabajo de la ONU dará una conferencia el 18 de este mes en Buenos Aires con sus conclusiones.
