Macri fijó ese objetivo en el inicio de su gestión; cree que lidera una embestida contra su administración. Por Santiago Dapelo
Después de varios intentos fallidos, el Gobierno considera que se abrió una nueva oportunidad para avanzar contra uno de los principales “enemigos” de la administración nacional: la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó .
“Si se demuestra que pagaron esa comisión es causal de juicio político. Lo que pasó es un escándalo”, se entusiasmó ante LA NACION uno de los principales colaboradores del presidente Mauricio Macri . En el Gobierno están convencidos de que Gils Carbó es “la líder de un grupo de fiscales cercanos al kirchnerismo” que busca sembrar de denuncias penales a los integrantes del Gobierno y así asociarlos con causas de corrupción.
Cerca del jefe del Estado creen que un eventual procesamiento de Gils Carbó expondrá a los legisladores del Frente Renovador y del Partido Justicialista, fundamentales para acceder al número necesario para destituir a la jefa de los fiscales vía juicio político. Hasta el momento esta opción fue dejada a un lado, porque el oficialismo requiere dos tercios en ambas cámaras, algo que no tiene asegurado, sobre todo en la Cámara de Diputados, encargada de realizar el dictamen acusatorio. Encima, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público es presidida por la diputada por el Frente Renovador Graciela Camaño.
“Esto cambia el escenario, los va a activar. No pueden dar más vueltas”, dijo un integrante del gabinete que conoce en detalle el plan del gobierno nacional para forzar la salida de Gils Carbó de la Procuración.
La Justicia investiga si la licitación por la que se compró el edificio en la calle Perón 667 por 43,8 millones de pesos estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que cobraron las comisiones, unos 8 millones de pesos, todos relacionados a la jefa de los fiscales. Ayer, incluso, el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, allanó el edificio de la Procuración.
Objetivo presidencial
Remover a Gils Carbó es uno de los retos que se impuso Macri desde que se hizo cargo del Poder Ejecutivo. El Presidente lo ha hecho público en más de una oportunidad, por eso también la expectativa que generó en la Casa Rosada el traspié judicial de la jefa de los fiscales. “Hay indicios graves contra Gils Carbó. Tenemos plena confianza en la Justicia, pero llegó el momento de subir la presión”, explicaron fuentes oficiales.
Pero los cambios que impulsa Macri no terminan con el juicio político a la procuradora. Según explicó a LA NACION uno de los especialistas que tiene el Gobierno en materia de justicia, lo que hay que modificar es el poder de acción que tiene hoy Gils Carbó para designar fiscales sin ningún tipo de control. Desde la Casa de Gobierno cuestionan el proceso de nombramientos, al que calificaron como “discrecional”. Dos casos, diametralmente opuestos, se repiten en varios despachos oficiales: la “ilegal designación” de Carlos Gonella al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y el de José María Campagnoli, suspendido por Gils Carbó por haber investigado al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Ahora, con este nuevo impulso buscarán auditar las designaciones de los fiscales que fueron elegidos por concurso con jurados supuestamente digitados por la propia procuradora.
En el Gobierno también creen que es el momento indicado para volver a dar esta “pelea”. Un indicio es el comportamiento del resto de los fiscales. “Volvieron los llamados”, dijo, sugestivo, un hombre al tanto de las negociaciones entre el Gobierno y el Poder Judicial. Según reconocieron a La Nacion fuentes oficiales, los fiscales que no están enrolados en la agrupación kirchnerista Justicia Legítima o son cercanos a la procuradora retomaron el contacto con integrantes del gobierno nacional.
fuente lanacion
