Mientras en la Provincia definen el descuento de los haberes de abril, un diputado de Cambiemos presentó un proyecto para declarar la educación como un servicio público esencial y reglamentar el alcance de los paros.Por Rodolfo Lara
Con el levantamiento de la huelga docente, María Eugenia Vidal comenzará a transitar hoy las primeras horas de su dilema político de cambio u ordenamiento tradicional de negociación política en la Provincia.
Educación es el laboratorio: una prueba es el cumplimiento estricto de los descuentos de los 15 días de paro. Son 100.000 sueldos con descuentos a razón, promedio, de 650 pesos por cada jornada. El gobierno ya descontó seis jornadas entre el 6 y 14 de marzo. ¿Vidal completará el “castigo” salarial con los haberes de abril?.
“Vamos con cuestiones de fondo en el sistema educativo”, explicó la gobernadora a lo largo del conflicto. Esta semana aportará alguna señal sobre ese compromiso.
Ir a fondo significa replantear el régimen de licencias docentes. La evaluación atenuada del ministro de Economía, Hernán Lacunza, determina que Buenos Aires gasta 14.000 millones de pesos en suplencias. Según datos oficiales, hay un 17% de docentes con ausentismo. Los registros menos moderados determinan 20% de ausencia en las aulas.
La última funcionaria que intentó corregir el esquema, la directora General de Escuelas , María Farías (1991) voló por el aire con su idea.
En esta oportunidad, el Ejecutivo bonaerense debería consensuar la modificación del Estatuto Docente. Octubre, con las elecciones legislativas de medio término, sería un condicionante. Pero, como anticipó la estrategia del propio Mauricio Macri, también sería una oportunidad para verificar “la vocación de cambio”. El gobierno nacional ya adelantó convenios de reformas con sindicatos de petroleros, UOCRA, procura otro con Smata y varias organizaciones sindicales.
En simultáneo, en la Legislatura provincial ya definieron esa sintonía desde Cambiemos. Y después del # 1A arriesgan lo que antes escondían: el diputado Guillermo Castello presentó un proyecto para declarar, por ley, la educación como un servicio público esencial para reglamentar el alcance de los paros.
La gobernación ordenó poner freno, momentáneo, mientras se negocia el aumento de los maestros. Castello, quien abreva en el pensamiento político de Elisa Carrió (CC-Ari), retrasó el trámite parlamentario. Pero, además, hay otros legisladores oficialistas que están interesados en proponer que la DGE organice un “registro único” de aquellos maestros que enseñan en colegios privados y del Estado.
“De esa manera no habría casos irregulares como las de aquellos docentes que tienen licencia en las escuelas públicas mientras asisten al privado”, explican en el bloque Cambiemos.
Sólo esperan el momento. La reforma incluye “incorporación de tecnología más moderna en la liquidación de sueldos”. Hasta ahora la carga al sistema es manual e insume toneladas de papel. El aparente atraso atraviesa los gobiernos. En 2014, la ex Directora General de Escuelas, Nora de Lucía –en la gestión Daniel Scioli- denunció la fuga de 200 millones de pesos en cuestiones burocráticas y ductos “de plata que incluían a los consejos escolares. Resultado: le tomaron el ministerio por varias semanas.
En estos días, Vidal y su ministro del área, Alejandro Finocchiaro, enfrentan esa encrucijada con la necesidad admitida, por ejemplo, de “perfeccionar” el sistema de Institutos de Capacitación Docente.
La expectativa es cuándo empezará esa eventual tarea.
“Si no puedes ser fuerte, y sin embargo no puedes ser débil, eso resultará en tu derrota”, definía Sun Tzu en el arte de la guerra.
En el fondo, de esa incertidumbre se alimenta todavía la discusión paritaria con el Frente Docente. ¿Cuánto estará dispuesta a ceder Vidal sobre el 19%, con cláusula gatillo, ofrecido la última vez, sin comprometer su capital político?.
fuente clarin
