Se intenta desde la justicia y el gobierno frenar las observaciones de organismo de derechos humanos internacionales. La medida se tomaría durante abril.
El dictamen no vinculante de la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, aceleró tiempos de definiciones importantes en el caso de la polémica detención de la activista social kirchnerista Milagro Sala.
La Procuradora dijo que la detención “es ilegal y debe ser dejada sin efecto”, y señaló que, en su carácter de parlamentaria del Mercosur, Sala tenía inmunidad de arresto, la cual no fue suspendida por los canales establecidos en la ley.
Este es solo uno de los argumentos no sólo desde la simpatía ideológica, como tiene el ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaoni, sino de sectores imparciales, quienes señalan graves errores de procedimientos de la justicia jujeña en privarla de la libertad en pleno proceso judicial.
El tema le quema en las manos no solo al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales sino al gobierno nacional ya que se espera para el próximo 22 de mayo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quieren una señal de ablande antes de esa fecha.
El periodista y titular del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Horacio Verbitsky, apuntó a una supuesta connivencia entre la Rosada y Morales para mantener presa a la líder de la Tupac Amaru a través del asesoramiento de Leandro Despouy, ex funcionario de Cancillería.
“Vienen con una carpeta de reclamos muy fuertes” admiten en off en la Secretaría de Derechos Humanos.
En este contexto, el Poder Ejecutivo sabe que la Corte Suprema podría llegar a emitir un fallo adverso a sus intereses, ya demás tardío. La Corte no tiene ningún apuro. Se habla de un fallo recién a mitad de año, después de la visita de la CIDH.
Una fuente muy adentro de la causa reveló a este medio que se aplicará un ablande a la situación de Milagro, que podría derivar en la prisión domiciliaria.
fuente expedientepolitico
