La fiscal general, que responde al gobierno, sorprendió a Venezuela al denunciar la “ruptura del orden constitucional”; Maduro lo minimizó. Por Daniel Lozano
Las primeras grietas asomaron ayer en el muro del chavismo luego del virtual autogolpe y toma de la Asamblea Nacional y en medio de la censura creciente de los países del continente.
Luisa Ortega, fiscal general y uno de los principales poderes del chavismo, sorprendió a Venezuela tras denunciar la “ruptura del orden constitucional” provocada por las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le quitaron todas sus funciones al Parlamento.
Fueron unas palabras inéditas en 17 años de chavismo, que impactaron como un torpedo en la línea de flotación del gobierno de Nicolás Maduro. El presidente dijo que se trataba sólo de un “impasse”.
“Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por el evento (sentencias)… Un deber histórico ineludible”, agregó, mientras sus palabras eran transmitidas por la televisión del gobierno. El tuit que publicó la fiscalía general con la declaración luego fue eliminado.
La crítica de Ortega supone un mazazo contra la autoridad de Nicolás Maduro, pero además añade implicaciones jurídicas. “La ruptura del orden constitucional compromete la responsabilidad penal de quienes llevaron a esa situación, lo que justifica el inicio de una investigación”, aclara el jurista José I. Hernández.
Un grupo de diputados introdujo ayer en la fiscalía una acción penal contra los jueces de la Sala Constitucional del TSJ. “¿Hay espacio para solicitar un antejuicio de mérito de algunos magistrados ante la Sala Penal? Esa es una pregunta que debe responder la fiscal”, aclaró el constitucionalista Pedro Alfonso del Pino.
Maduro, principal protagonista de la crisis venezolana, guardó silencio durante 40 horas hasta que apareció en un acto gubernamental sobre redes sociales, “lleno de amor y mandando con el pueblo” para aclarar que las palabras de la fiscal se debieron a “discrepancias entre órganos del poder público”, que serían resueltos con el diálogo. Insistió en que no hay ruptura y que la revolución se enfrenta a “un plan intervencionista para intervenir Venezuela, provocar gran conmoción nacional e imponer un golpe de Estado”.
“Asumo, a través del diálogo y la Constitución, la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el TSJ, y convoco al Consejo de Defensa de la Nación para hoy mismo en la noche para deliberar y sacar una resolución”, dijo el presidente venezolano.
La fiscal fue siempre una fiel aliada, tanto de Chávez como de Maduro. No obstante, en los últimos meses se había mostrado reacia a imputar a opositores con las habituales argucias bolivarianas. Todo comenzó a cambiar cuando Ortega acudió a Ginebra en 2016 para ser cuestionada por los derechos humanos. Su posición militante (como demostró durante el proceso contra Leopoldo López) se fue distanciando, siempre de puertas adentro, al tanto de que estas violaciones no prescriben.
Otro chavista histórico, el general Miguel Rodríguez Torres, compartió la posición de la fiscal “ante la degradación institucional que aceleradamente vive el país. La posición valiente que asumió seguramente será atacada, pero esta posición tiene que hacernos reflexionar”.
“El gobierno está fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo. Este es el momento en el que Maduro debería tener la grandeza de convocar unas elecciones generales y de construir esa transición en paz que todo el mundo está pidiendo”, subrayó Julio Borges, presidente de la Asamblea, un día después de rasgar la sentencia del TSJ a las puertas del Palacio Legislativo.
“El gran paso de quiebre dentro de la estructura de poder lo acaba de dar la fiscal, la garante de la legalidad. Eso significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento de la estructura interna del poder chavista. La cohesión de la estructura de poder se empieza a perder, se está agrietando. Podría producirse una crisis interna en el régimen”, vaticinó el politólogo Luis Salamanca.
Ortega no fue la única disidente en las filas revolucionarias. Previamente, dos jueces del Supremo se negaron al enjuiciamiento militar del diputado Gilber Caro, detenido en enero.
Ambos hechos se producen un día después del golpe judicial aplicado por el Supremo contra la Asamblea, a la que arrebató sus poderes y que de facto supone su disolución. La oposición se mostró firme para denunciar la “dictadura” implantada por Maduro, mientras crece la condena mundial y la censura de países del continente. Perú, Colombia y Chile han retirado a sus embajadores.
El gobierno, en cambio, se defendió de la “histérica campaña contra Venezuela” con una nota de su cancillería: “Es absolutamente inadmisible, sin fundamento jurídico alguno, que un grupo de países conjurados se inmiscuya en los asuntos de jurisdicción exclusiva de Estados soberanos”.
Hasta ahora sólo se han producido pequeñas protestas en el país, pero reprimidas con violencia.
Las corrientes que pugnan por el poder
Nicolás Maduro
Presidente venezolano
Heredero designado por Hugo Chávez antes de su muerte, en 2013, y cara visible del gobierno, se mantiene a flote a pesar de su bajísima popularidad y de la desastrosa gestión en todos los frentes; sus muchos detractores en el chavismo quieren una radicalización todavía mayor del proceso revolucionario
Diosdado Cabello
Diputado y líder del ala militar del chavismo
Fue vicepresidente de Chávez y pensó que iba a ser su heredero en 2013, pero el comandante se inclinó por Maduro. Desde entonces, se conjetura que Cabello es el verdadero hombre fuerte del régimen, un poder en las sombras que mantiene el acelerador revolucionario a fondo y no da respiro a la oposición democrática
Estareck El Aissami
Vicepresidente venezolano
Autodenominado “radicalmente chavista”, asumió la tarea de perseguir a la oposición mediante el servicio secreto. Tras un meteórico ascenso en las filas oficialistas, fue nombrado vicepresidente en enero pasado, cuando le traspasaron 14 funciones ejecutivas, con atribuciones sobre temas de presupuesto y ministerial
Vladimir Padrino López
Ministro de defensa venezolano
Otro jugador en ascenso en la liga chavista, Padrino López, militar de carrera, controla gran parte del aparato gubernamental y hasta ahora ha sido el brazo armado que defiende a Maduro. El chavismo estaría alistando su desembarco en el estado de Miranda, donde gobierna el opositor Capriles, ya sea por elecciones o designado a dedo
