Si bien la elección de un nuevo Presidente celebrada el domingo 19 de febrero del presente año, concentró la atención de los ecuatorianos , en la misma contienda electoral se le preguntó a esos ciudadanos si aprobaban o no la incorporación de profundas medidas contra la corrupción estatal.Por Horacio A. French-Envío especial TNA-
Concretamente la boleta contenía la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”. Como estaba previsto, el SI se impuso cómodamente, aunque no por los márgenes esperados: solo el 54,77 votó a favor mientras que el 45,23 lo hizo por la negativa. Este inesperado resultado para el oficialismo, sorprendió tanto a los analistas locales como a los extranjeros que esperaban que el SI venciera por una abrumadora mayoría cosa que no ocurrió. Posteriormente, ya conocidos los resultados de la consulta popular, esos mismos analistas, derrotados en sus pronósticos, admitieron que el resultado adverso de la consulta se debió al escepticismo que reina en la opinión pública en materia de lucha contra la corrupción gubernamental.
En realidad la iniciativa del actual Presidente de Ecuador Rafael Correa en pos de mejorar la transparencia de su gobierno va en sintonía con las medidas que se están anunciando en la mayoría de los países latinoamericanos cuyos gobiernos han reconocido a la corrupción estatal como uno de los males endémicos que impacta negativamente en las economías de la región.
El caso de mayor repercusión a nivel mundial está sucediendo en Perú donde su actual Presidente Pedro Pablo Kuczinsky en un extenso discurso dirigido a la ciudadanía, enumeró la puesta en vigencia de una catarata de profundas medidas para combatir la corrupción, motivado sin duda por la grave denuncia que pesa sobre el ex presidente de ese país, Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de la ahora famosa empresa brasilera Odebrecht, que a su vez ha comprometido al flamante Premio Nobel de la Paz y actual Presidente de Colombia Manuel Santos y también al Presidente del Brasil Michel Temer junto a un sinnúmero de funcionarios de esos gobiernos que habrían sido sobornados para permitir la construcción de obras públicas adjudicadas irregularmente a la mencionada empresa. Y la lista de políticos sospechados de corrupción se engrosa con el ex Presidente de Brasil Lula da Silva, la ex Presidente de Argentina Cristina Fernández con procesos abiertos por enriquecimiento ilícito al igual que otros dirigentes políticos involucrados en el escándalo de nivel mundial conocido como “Panamá Papers”.
Según informes de la Organización de Transparencia Internacional, en los últimos 5 años el índice de la percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía ecuatoriana aumentó sostenidamente y en el año 2016 Ecuador quedó ubicado en el puesto número 120 de 176 países según el ranking elaborado por la mencionada Organización. De todas maneras, esta situación a la hora de decidir si apoyaban o no las propuestas del Gobierno del Presidente Correa, influyo muy poco en el electorado porque el mensaje que dejaron en las urnas los ecuatorianos terminó siendo muy claro: “estamos en contra de la corrupción, pero no creemos en las propuestas que nos formula el gobierno para combatirla”
Horacio A. French
Dr en Derecho
Docente Universidad Blas Pascal
