Hay seis expedientes abiertos contra Milani; en uno de ellos ya está procesado. Por Hernán Cappiello
Desde violaciones a los derechos humanos hasta espionaje ilegal, desde malversación de caudales hasta enriquecimiento ilícito. Así de amplias son las acusaciones que enfrenta César Milani en la Justicia, donde acumula seis causas, en una de las cuales ya se encuentra procesado.
Milani fue indagado y quedó preso ayer por tres secuestros ocurridos en la dictadura en la Rioja, pero también fue indagado hace dos días por otro caso, donde se investiga la desaparición de un soldado conscripto riojano en Tucumán, durante el Operativo Independencia. El juez tucumano que lo indagó allí está en tiempo de descuento para resolver su procesamiento.
Pero a estos casos donde está en tela de juicio el secuestro de tres personas y la desaparición de un cuarto se suman otras cuatro investigaciones, radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
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La más grave y en camino a enfrentar un juicio oral y público es la causa donde el juez Daniel Rafecas lo procesó por enriquecimiento ilícito. Allí quedó complicado porque con sus ingresos no pudo comprarse una casa en San Isidro de 450 metros cuadrados por un precio declarado de $ 1,5 millones. Mucho menos que el valor de mercado.
Se valió en ese caso de un compañero de armas, Eduardo Barreiro, que como su testaferro simuló según el fallo haberle hecho un préstamo a Milani. Barreiro también está preso por crímenes de lesa humanidad. Rafecas embargó a Milani por $ 5 millones y sometió las finanzas de Milani y de Barreiro a tres estudios contables: uno de la Prefectura Naval que concluyeron que había inconsistencias en sus declaraciones.
Los expertos de la Corte llegaron a conclusiones terminantes: “No aparece justificado ni el patrimonio del Sr. Milani César, ni sus consumos, esto es, los importes mínimos que hubiera necesitado para atender sus necesidades personales y las de su familia. La ecuación ingresos contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es inconsistente. En particular no puede justificar la compra del inmueble sito en la calle O’Higgins 3636 de San Isidro”, dijeron. No consideraron en el análisis lo dudoso del precio declarado en la escritura ($ 1.500.000) considerando que la casa se había ofrecido a la venta en 2008 en US$ 700.000, es decir $ 2.800.000.
Para el juez, Milani tuvo la intención de incrementar su patrimonio ilícitamente entre 2009 y 2011 cuando era jefe de inteligencia, porque simuló un préstamo inexistente que le hizo su amigo.
A ese caso se suma una denuncia que se presentó tras un artículo de La Nacion donde se mencionaba que el Ejército estaba haciendo trabajo social en la villa La Cárcova y en La Corbonilla , con la intención de posicionar políticamente a Milani.
En ese caso, el juez Rodríguez y el fiscal Federico Delgado llevaron el caso en el que quedó sobreseido por el trabajo en una de las villas, pero la Cámara Federal instó a seguir investigando la tarea realizada en la otra, y determinar si allí había un delito.
En esa causa la carátula es abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios público y malversación de caudales.
Pero la sospecha permanente sobre Milani es que montó un sistema de inteligencia paralelo para espiar a opositores políticos y periodistas.
Hay dos expedientes en los que se averigua si esto es así. En uno de ellos, el radical Gerardo Morales denunció que Milani lo espiaba a él y al periodista de Clarín, Daniel Santoro. El juez federal, Julián Ercolini, allanó el Edificio Libertador, encontró computadoras en una especie de sala de situación y realizó peritajes sobre el servidor en busca de memorándum de inteligencia sobre las supuestas víctimas, pero no encontró nada. De todos modos se encargó la realización de otras medidas de prueba y el caso sigue abierto.
Jaime Stiuso, el ex hombre fuerte de la AFI enfrentado a Milani, denunció en La Nacion que el militar tenía este sistema de inteligencia ilegal. Tiempo antes se hizo eco de esta denuncia el Informador Público. El juez Claudio Bonadio la investigó en una causa que sigue abierta pero que con los datos que aportó el denunciante y con los del Ejército, no se pudo avanzar más allá.
Otros ex jefes ante los juzgados
Héctor Ríos Ereñú, jefe durante el alfonsinismo fue el primer detenido por delitos de lesa humanidad.
Martín Balza, jefe del Ejército entre 1991 y 1999, fue detenido brevemente por la venta ilegal de armas.
Ricardo Brinzoni, jefe del Ejército entre 1999 y 2003, fue acusado por la “masacre de Margarita Belén”, pero no llegó a estar detenido
Roberto Bendini, jefe entre 2003 y 2008, fue procesado por malversación de fondos.
Luis Pozzi, jefe entre 2008 y 2013, fue denunciado por enriquecimiento ilícito.
fuente lanacion
