Pese a las críticas de la oposición, el Ejecutivo decidió no esperar al Congreso y recurrir a un DNU para aplicar los cambios que pretenden poner fin a la “industria del juicio” en el sector.Por Elizabeth Peger
A pesar de la polémica con sectores de la oposición y hasta algunos oficialistas que reclamaron la sanción de la iniciativa por parte del Congreso, el Gobierno pondrá en marcha hoy con un decreto de necesidad y urgencia la nueva reforma del régimen de riesgos del trabajo con la que aspira a contener la “industria del juicio” montada sobre el sistema, escenario que castiga los costos laborales de las empresas. Los datos sobre el incesante aumento de las demandas contra las aseguradoras iniciadas en 2016 parecen justificar la decisión oficial de recurrir a un DNU para apurar la aplicación de la reforma y no esperar los tiempos legislativos, donde solo resta la aprobación final de la Cámara Diputados.
Entre enero y diciembre pasado, la cantidad de nuevos juicios trepó a 127.503, lo que representa un incremento del 20% respecto de las 106.021 demandas presentadas en 2015. Solo en diciembre último ingresaron a los tribunales laborales 12.248 juicios, una suba interanual del 45%, según el informe definitivo de 2016 elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) al que accedió El Cronista en forma exclusiva. No obstante, los picos de nuevas demandas se registraron en septiembre y agosto, con 14.443 y 13.786 presentaciones respectivamente, con aumentos en la cantidad de juicios que promediaron el 50% respecto a 2015.
Otro de las conclusiones más significativas del informe de la UART es la fuerte concentración de las nuevas demandas en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos 12 meses, el distrito aglutinó el 48% de los juicios ingresados en todo el país, registrando un crecimiento interanual del 36,9%.
La concentración de casos y el crecimiento de juicios respecto de 2015 para las demás principales jurisdicciones mostró que la provincia de Buenos Aires condensó el 16,2% de las demandas, presentando un incremento de 21,6%, seguida por Santa Fe con el 12,7% de los juicios y un crecimiento del 2,8% y Córdoba con el 9,7% de las presentaciones y un suba interanual del 0,8%.
Por otra parte al analizar la cantidad de juicios iniciados en relación con los trabajadores cubiertos por el sistema, el informe advirtió de una tendencia creciente a lo largo del período analizado, registrando un valor máximo en 2016 de 139 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos.
La preocupación que genera la catarata de juicios contra el sistema determinó al Gobierno a apurar la aplicación de la reforma del régimen mediante un DNU, sorteando al Congreso.
El decreto, que ya fue firmado por el presidente Mauricio Macri y será publicado hoy en el Boletín Oficial, replica el texto de la iniciativa que obtuvo en diciembre pasado media sanción del Senado, después de una serie de cambios acordados con la CGT.
En concreto la reforma establece que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial.
Así el Ejecutivo pretende que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de “cosa juzgada” en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.
