Cambiemos lo frena en la Legislatura. En el Frente Renovador quieren aprobarlo este año.
La buena sintonía entre Cambiemos y el Frente Renovador, que predominó desde la discusión por el presupuesto hasta estos días, parece diluirse con el nuevo año. El massismo ya empieza a apuntalar algunos proyectos en los que no se pudo trabajar el año pasado pero que -aseguran- no dejarán pasar este año.
Por lo bajo, los renovadores en la Legislatura bonaerense empezaron a reflotar el Código de Ética Pública, un proyecto que Cambiemos frena en las comisiones de trabajo.
Ese proyecto -provomido por el FR y el GEN- había generado fuertes roces entre massistas y oficialistas. En agosto pasado, los diputados de Sergio Massa salieron a denunciar un pacto entre Cambiemos y el kirchnerismo cuando desde estos serctores vaciaron la comisión de Reforma Política.
Más tarde, tanto los legisladores de Massa como los de Margarita Stolbizer volvieron a fracasar en un intento de presión para aprobar la iniciativa, fue cuando -por iniciativa del GEN- invitaron a la comisión al ex fiscal Manuel Garrido. Ese día, la comisión tampoco tuvo quórum para sesionar y sólo fue una reunión formal en la que participaron solo un puñado de legisladores .
Al proyecto establece un Código de Ética Pública y Transparencia, que entre otras cosas dispone la creación de una Oficina Anticorrupción. Además, regula deberes, obligaciones y prohibiciones de los funcionarios públicos, que incluyen la incompatibilidad total de cargos y la prohibición de nombrar a familiares directos en los organismos que dirijan.
El proyecto establece determinadas pautas a seguir en la conducta de los funcionarios públicos y determina incompatibilidades en el ejercicio del cargo, como la recepción de obsequios, el uso de la publicidad para fines personales y la celebración de contratos entre el Estado y empresas de las que formen parte.
El oficialismo impulsa un proyecto propio. Se trata de una Oficina Anticorrupción similar a la que conduce Laura Alonso en Nación. “Está comprobado que eso, en los hechos, no da resultado”, dice a LPO un legislador massista. “Vidal solo quiere investigar al Ejecutivo, pero nosotros queremos ir sobre el poder Judicial y el poder Legislativo”, aclara.
Quizás con la idea de contener estas demandas, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, aseguró en los últimos días que hará más riguroso el régimen de presentación de declaraciones juradas de los fiscales e incluirá “un seguimiento de la evolución patrimonial” de los funcionarios a su cargo.
fuente lapoliticaonline
