Es la firma Oil, acusada de evadir $ 8.000 millones. La decisión la tomó un juez de la Ciudad. El empresario busca vender la compañía.
La petrolera Oil -de Cristóbal López-, que adeuda $ 8.000 millones a la AFIP por no pagar el Impuesto de Tranferencia a los Combustibles (ITC), iniciará finalmente su concurso de acreedores, después que el juez nacional en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires Federal Héctor Vitale informó a la Inspección General de Justicia (IGJ) la apertura del concurso preventivo de la compañía. El empresario kirchnerista espera poder desprenderse de Oil Combustibles en febrero, según señalaron a Clarín fuentes del Grupo Indalo.
La IGJ fue notificada sobre la medida adoptada por el juez Vitale para que Oil Combustibles SA inicie su concurso de acreedores. Cuando López decidió pedir esta instancia en su petrolera para renegociar sus deudas, fue en medio de la denuncia por la evasión de $ 8.000 millones.
Inicialmente, el empresario patagónico buscó abrir el concurso en Comodoro Rivadavia, su ciudad de origen y donde comenzaron sus negocios. Presumía que allí podrían favorecerlo. Esta maniobra fue declarada nula por la justicia nacional porteña y en noviembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial no sólo confirmó la nulidad de casi todo lo actuado por la Justicia chubutense, sino que sostuvo que fue un fraude la presentación de Oil Combustibles. Luego intervino la Corte Suprema de la Nación y definió que la jurisdicción era la porteña.
Confirmado para seguir frente al caso, el juez Vitale envió un oficio a la IGJ para que las “personas físicas como jurídicas puedan renegociar las deudas contraídas con sus acreedores”. Con el concurso abierto, Oil se prepara para retomar las negociaciones en febrero, según confirmaron a Clarín desde el entorno de López.
Junto con el concurso de acreedores que estiman se resolverá en un breve período, Cristóbal López y su socio Fabián De Souza se preparan para vender el paquete accionario mayoritario al trader suizo Gunvor. El primer anticipo en efectivo con el que contarían los dueños del Grupo Indalo sería de $ 2.000 millones, que destinarían al pago de la deuda con la AFIP. El organismo recaudador tiene en la mira al holding, considerando que buscan una insolvencia fiscal fraudulenta.
La investigación por los $ 8.000 millones de deuda con la AFIP estuvo en manos del juez Julián Ercolini, que se declaró incompetente: consideró que la causa que involucra también al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray debe estar en el fuero Penal Económico, en este caso a cargo de María Verónica Straccia. La medida fue apelada por la AFIP.
fuente clarin
