El letrado solicitó una medida cautelar. Se amparó en investigaciones de organismos y en jurisprudencia ambiental.
El fiscal federal Fabián Canda solicitó a principios de este mes a la Justicia una medida cautelar para suspender el uso de los paquetes tecnológicos del agronegocio que combinan semillas modificadas genéticamente y “exorbitantes” dosis del herbicida glifosato, por entender que significan “una amenaza grave sobre dos de los derechos más preciados desde lo individual y social: el derecho a la salud y a un medioambiente sano”.
El letrado, que representa al Ministerio Público en la Fiscalía N°8 de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que el uso de estos pesticidas significa “una amenaza grave” a la salud y al ambiente. Además, pidió que, de no poder hacer efectiva la cautelar, al menos se instruya al Poder Ejecutivo de la Nación a que disponga la suspensión de las aplicaciones aéreas con glifosato, así como la suspensión de aplicaciones terrestresa una distancia inferior a los cinco mil metros de zonas urbanas de municipios, poblaciones, escuelas, huertas, ríos, arroyos y pozos de extracción de agua para consumo humano.
Para argumentar jurídicamente, utilizó informes de organismos como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (Reduas), la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) y la cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, entre otros.
En el escrito, Canda señaló que queda en evidencia “la indubitable peligrosidad” de esos agrotóxicos y agregó que ignorarlos “es asumir una postura que va en contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental respecto de la aplicación del principio de precaución por parte de los jueces”.