Se trata del fondo de $8.500 millones que negoció con intendentes. Le quitó a la Legislatura el poder de dictaminar.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal publicó este martes en el Boletín Oficial de la provincia el decreto 2102, que se encarga de vetar un artículo de la Ley de Presupuesto que le había impuesto la oposición para influir las obras a realizar con el Fondo de Infraestructura Municipal, una caja de $8.500 millones que los intendentes peronistas habían exigido.
En el decreto, la Provincia establece que “corresponde a las áreas técnicas” del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos “todo lo inherente a las obras públicas de vivienda, hidráulicas, viales, de transporte, sobre la costa y proyectos para apertura y conservación de las vías navegables y, finalmente, su mantenimiento”.
Lo que hace es anular el inciso 1 del artículo 45 de la ley de Presupuesto 2017, que facultaba a la Comisión Bicameral de seguimiento del Fondo de Infraestructura –de mayoría opositora- a opinar sobre las prioridades de obras previstas para las comunas, e incluso la habilitaba a “recomendar” la realización de determinados trabajos. En llano, buscó quitarle poder a la Legislatura de controlar las obras de infraestructura en las que invertirá la Provincia.
A través del decreto 2102, Vidal buscó evitar que la oposición dictamine sobre las obras de infraestructura en las que invertirá la Provincia a través del Fondo de $8.500 millones
El artículo aprobado por los legisladores autorizaba a la Bicameral a “asesorar y dictaminar previamente respecto a las prioridades previstas en los respectivos planes de obras, practicando las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente”. Asimismo, permitía requerir la presencia de funcionarios provinciales para brindar explicaciones, la única función que permanecerá en pie tras el veto de Vidal.
La decisión de la gobernadora quedó oficializada en la última edición del Boletín Oficial de 2016, el 30 de diciembre pasado. En la fundamentación del veto, consideró que “les corresponde a las áreas técnicas” de la cartera de Infraestructura todo lo que respecte a las obras, facultades que de acuerdo a la interpretación oficial habían sido atribuidas a la Bicameral.
Según el Ejecutivo, “la objeción planteada no altera la aplicabilidad, ni va en detrimento de la unidad de la Ley”. Sin embargo, con esta decisión le saca injerencia a la oposición en cuanto a los fondos para infraestructura, ya que una de las tareas de la Bicameral era “asesorar y dictaminar previamente respecto a las prioridades previstas en los respectivos planes de obras, practicando las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente”
fuente lapoliticonline
