La firma del detenido Lázaro Báez era investigada penalmente y ya había sufrido restricciones a partir de ello pero la decisión tomada hoy por la Justicia en lo Comercial agrava su situación, según evaluaron fuentes judiciales.
La intervención en el grado de “coadministración” fue dispuesta por los jueces Eduardo Machin, Julia Villanueva y Juan Garibotto y dada la gravedad del caso quedará a cargo de un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “especializado en casos de corrupción y delitos contra la administración pública”, según lo recomendado al juez de primera instancia, Alberto Aleman.
“La intervención será dispuesta en grado de coadministración, aclarándose que no podrá llevarse a cabo ninguna decisión orgánica -sea que ésta emane del directorio o de la asamblea- sin contar con la conformidad del interventor designado”, sostuvieron los camaristas en una resolución a la que Clarín tuvo acceso de fuentes judiciales.
El interventor “deberá proceder en forma urgente a auditar e investigar en profundidad todos los aspectos de la sociedad de marras (Austral Construcciones) realizando las gestiones necesarias aquí o en otras jurisdicciones a efectos de recabar todos los datos que permitan esclarecer los hechos que deben ser investigados”.
Además, tendrá que “informar acerca de quiénes son los socios (internos -directos o indirectos- y externos) de la aludida sociedad, como así también obtener información de todas las personas que hayan actuado por ella o para ella”.
El interventor que se designe podrá “requerir, en su caso, las medidas judiciales necesarias para investigar las cuentas que esos sujetos tengan en la República o en el extranjero, brindando, asimismo, toda información que estime relevante a estos efectos”.
La IGJ acudió a la Justicia por la falta de presentación de balances de Austral desde 2012 hasta la actualidad, asi como de la nómina de sus autoridades, y ante el temor de un desmembramiento societario como consecuencia de las graves acusaciones de corrupción que rodean a la firma creada y extinguida durante el kirchnerismo.
Austral Construcciones, la firma creada poco antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación en mayo de 2003 y principal beneficiaria de la obra pública vial nacional en la provincia de Santa Cruz, ya contaba con veedores informantes dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello, pero ahora tendrá un interventor con facultades de decisión sobre la firma.
fuente clarin
