El ministro de Defensa, Julio Martínez, pidió a la Justicia que la maquinaria vial de Lázaro Báez sujeta a embargo pase al Ejército Argentino.
La presentación judicial, un texto de cinco carillas, se hizo ante el juzgado federal de Sebastián Casanello. El juez imputó, procesó y trabó embargo de bienes a Báez, preso en Ezeiza, y su hijo Martín por 100 millones de pesos cada uno en el marco de la causa que investiga presunto lavado de activos. La iniciativa de Martínez amparada en el Código Penal cae en un contexto en que la sociedad reclama a la dirigencia que se devuelva lo robado en casos de delitos de corrupción y narcotráfico, antes de que haya una condena.
El magistrado actuó luego de la difusión del video donde aparecen Martín Báez, junto a César Fernández; Sebastián Pérez Gadín (contador de Báez), Fabián Rossi y Walter Zanzot en oficinas de la financiera SGI (La Rosadita ) contando fajos de dinero.
La petición del ministro Martínez es que “la Justicia designe al Ministerio de Defensa-Ejército Argentino depositario judicial de los bienes sobre los que se hicieron embargo efectivo, correspondientes a la maquinaria pesada de la firma Austral Construcciones S.A. de la que Lázaro Báez es dueño del noventa y cinco por ciento del paquete accionario y su hijo Martín Báez del cinco por ciento restante”. Austral Construcciones inició sus actividades como proveedora del Estado de la provincia de Santa Cruz.
Allí está el mayor obrador de la compañía, a orillas del mar, hoy en estado de abandono. En ese predio quedaron abandonados vehículos, camionetas, máquinas viales (palas mecánicas, retroexcavadoras, niveladoras) valuadas en cientos de millones de pesos. Hay oficinas que fueron saqueadas y muchos vehículos afectados por el vandalismo con piezas y ruedas faltantes.
En el escrito que ordena el procesamiento de los Báez fechado el 18 de abril de 2016, Casanello reconoce que “de recaer condena los bienes objeto de ilícito se encuentran sujetos a decomiso”. Esta acción está prevista en el Código Penal y en leyes penales especiales y abarca no sólo a los bienes decomisados sino a las cosas y ganancias que son el producto o el provecho del delito y prevé pasarlas al Estado Nacional, las provincias y los municipios.
De la acción cautelar sobre todos los bienes registrales de Lázaro y Martín Báez, a Defensa interesa contar con las máquinas viales que son esenciales para tareas de ayuda humanitaria. El primer escenario de aplicación será la región mesopotámica afectada por inundaciones. Para contener el agua se requiere movilizar grandes volúmenes de relleno y es ahí donde se piensa utilizar la maquinaria de Austral Construcciones. Otro propósito que esgrime el ministro en su petitorio es “mantener en estado operativo el material pesado propiedad de los ahora procesados”. Contar con ese equipo “permite garantizar las tareas de apoyo a la comunidad ejecutadas por el Ejército Argentino” y su uso adecuado y precavido conserva el buen funcionamiento.
El 16 de mayo pasado el empresario detenido pidió a la Cámara Federal que le otorgue la libertad y decrete la nulidad de su procesamiento por lavado de dinero y que le sean devueltos todos los bienes que fueron secuestrados, así como los de su hijo Martín.
El planteo del dueño de Austral Construcciones ocurrió luego de que se detectaran más de 150 propiedades a su nombre en el sur del país, entre ellos una parcela del Parque Nacional Los Glaciares en El Chaltén.