La Corte Suprema de Justicia reabrió hoy un concurso público para incorporar siete peritos que estarán abocados a la investigación de casos de corrupción y de delitos contra la administración pública. La convocatoria ocurre en medio del avance de múltiples causas contra funcionarios y empresarios vinculados a Cristina Kirchner y de la apertura de una pesquisa sobre el propio presidente Mauricio Macri por el caso de los “Panamá Papers”.
En una resolución publicada en el Boletín Oficial, el máximo tribunal dispuso “llamar nuevamente a concurso público de antecedentes y evaluación a fin de cubrir siete cargos de peritos” especializados en “casos de corrupción y delitos contra la administración pública”.
Para integrar ese equipo, la Corte convocó a tres peritos ingenieros civiles –1 de los cuales deberá poseer especialización y práctica en vías de comunicación-, dos peritos ingenieros en sistemas de información o informática; un perito contador, con especialización y práctica en mercado de capitales; y un perito abogado, con especialización en derecho penal económico o criminalidad económica, particularmente en blanqueo de capitales y demás delitos económicos y financieros.
En la resolución se estableció que los candidatos deberán “acreditar un mínimo de ocho años de ejercicio activo ininterrumpido de la profesión de ingeniero, contador público o abogado, según el caso. Dicho lapso se computará desde la fecha de matriculación ante la respectiva entidad habilitante hasta la fecha de inscripción. En el caso de que los postulantes fueran magistrados, funcionarios judiciales o funcionarios públicos, se lo contabilizará desde su nombramiento en un cargo que requiera contar con título universitario”.
Se aclaró además que no podrán postularse “quienes, en cualquier jurisdicción, hubieran sido excluidos de procesos de selección para ocupar cargos públicos por conductas contrarias a la buena fe o a la ética; los que registren sanciones ante los tribunales donde hubieran ejercido como letrados, peritos designados de oficio, de parte o como consultores técnicos durante los cinco años anteriores a la fecha de inscripción; ni quienes, durante el mismo período, hubieran sido sancionados en el ejercicio de su cargo público o por las entidades habilitantes de la matrícula profesional; ni los condenados en sede civil y/o penal por mala práctica profesional hasta después de cumplida la condena”.
La resolución publicada en el Boletín Oficial llevó la firma del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; y los ministros del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
fuente infobae