Esteban Furnari, juez federal en lo Contencioso Administrativo, desestimó enviar la causa que instruye contra Cristóbal López (por una deuda impositiva con la AFIP que asciende a 7600 millones de pesos) a un juzgado de Comodoro Rivadavia, que avaló el concurso preventivo de la compañía presentado por el empresario kirchnerista.
El magistrado no hizo lugar al “pedido de remisión de estos actuados al juzgado de primera instancia de ejecución penal de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut”, y decidió que la causa “continúe su trámite ante este juzgado”.
Entre otras razones, Furnari señaló que no puede mandar el expediente porque “la concursada” por López en Comodoro Rivadavia -Oil Combustibles SA-, y las demás compañías del grupo demandadas en Buenos Aires “resultan parte obligada e imprescindible del proceso”. Así lo informaron fuentes judiciales a la agencia DyN.
Furnari tramita una causa iniciada por un pedido de medida cautelar que hizo la Administración Federal de Ingresos Públicos, en reclamo de 7.665.771.438,63 pesos que López adeudaría al organismo tributario por no pagar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
El juez solicitó que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S y Oil M&S SA, “se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo”, pues “el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal”.
Furnari dio por acreditado en principio que “la actuación” de las tres compañías de López “frente a la AFIP parecería, en principio, violar el deber de obrar con buena fe, mediante la indebida utilización de la persona societaria, en frustración de sus derechos”.
“La eventual responsabilidad solidaria de las sociedades controlantes de Oil Combustibles SA frente a las deudas fiscales contraídas por ésta para las inversiones de aquéllas, llevan a dictar una medida cautelar que impida su inminente escisión del grupo económico al que pertenece”, agregó. Ello significó que el Grupo Indalo no puede ser desguazado, como pretenden López y y su socio Fabián De Sousa para repartirse las diversas compañías.
El juez también designó a un interventor, veedor e informante en el Grupo Indalo y para ese cargo eligió al contador público nacional y perito judicial Marcelo Fabián Manograsso.
Ayer, el fiscal Gerardo Pollicita pidió que se cite a indagatoria al ex jefe de la AFIP y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, como también a López y De Sousa, por irregularidades con el impuesto al combustible, en el marco de una causa por asociación ilícita donde se investiga al matrimonio Kirchner.
El pedido fue formulado ante el juez federal Julián Ercolini, quien instruye la causa abierta por la presunta existencia de una banda delictiva, a partir de una denuncia que radicaron la diputada nacional Elisa Carrió y la legisladora porteña Paula Oliveto Lago (CC-ARI) en 2008, donde acusaron al matrimonio de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios y allegados.
La avanzada contra Cristóbal. A fines de marzo, la AFIP modificó la Resolución General 3857, que regula el régimen especial de facilidades de pago para contribuyentes concursados o fallidos. La resolución modifica el plan de pagos de deuda impositiva para “sujetos denunciados penalmente” por el organismo. Estos morosos deberán someterse a un régimen de 12 cuotas, con una tasa del 35,16 por ciento anual. Un plan mucho menos conveniente que el que rige para el resto de los concursados, de 96 cuotas con una tasa del 6 por ciento anual.
La resolución afectará a todos los deudores denunciados, pero la medida tiene un objetivo con nombre y apellido: Cristóbal López. “Está claro que es parte de la estrategia que tenemos con Indalo”, comentaron entonces a Perfil.com fuentes cercanas a la AFIP, que prefirieron mantener el anonimato.
Fabián Rodríguez Simón conocido como “Pepín” encabeza la estrategia para acotar el poder que tiene el Zar del Juego. Fue quien convenció a Macri de frenar la licitación de los bingos porteñospara que no queden en manos de Cristóbal y el que le aconsejó denunciar el convenio que le permitía a Nación fiscalizar y cobrar impuestos a Cristóbal.
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