En Estados Unidos, alguna vez el arquitecto de la guerra global contra las drogas, cuatro estados permiten la venta de marihuana para uso recreativo y otros ya debaten medidas en la misma dirección. Y hasta una epidemia de heroína llevó a un alcalde a proponer una clínica de suministro controlado.
No es que el bar del edificio de Naciones Unidas vaya a comenzar a vender gomitas de marihuana en el futuro cercano. Sin embargo, un creciente grupo de personas está cuestionando la guerra contra las drogas. Por ejemplo, especialistas en salud pública han cuestionado los lineamientos de la lucha contra las sustancias ilegales y los castigos a quienes las producen y las consumen. Y no solo especialistas en salud; también policías y políticos.
Este tema estará al centro de una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas esta semana en Nueva York. Un nutrido grupo de líderes mundiales se reunirá para debatir si las medidas punitivas y las leyes prohibicionistas deben adaptarse a los tiempos. Es la primera vez en casi dos décadas que un grupo de países examinará las leyes actuales contra las drogas.
Este debate se da mientras países pequeños y grandes están replanteando sus enfoques frente el tema y aplicando políticas que, según algunos expertos, van más allá de lo establecido en las convenciones actuales, como permitir la legalización de algunas sustancias y disminuir la penalización de otras.
Vanda Felbab-Brown, analista de la Brookings Institution cree que “estamos en la cúspide del colapso del régimen actual”.
El conflicto genera un enfrentamiento entre dos alianzas igualmente improbables. De un lado están los insurgentes, liderados por algunos países latinoamericanos, que han comenzado a cuestionar las estrategias antidroga convencionales y han planteado la legalización de algunas sustancias con la esperanza de que merme la violencia que ha generado la guerra contra las drogas. El ministro de salud de Canadá propondrá la legalización de la marihuana junto a los presidente de Bolivia y Colombia, ambos críticos del orden actual.
Se enfrentan a quienes defienden los lineamientos actuales de la lucha contra las drogas, como Rusia y China, y países pequeños que aplican las leyes más duras contra la droga (algunos incluso imponen pena de muerte) como Singapur, Irán o Arabia Saudita. Cualquier esfuerzo por prohibir la pena de muerte en los casos relacionados con la droga estará entre los temas más polémicos que se discutirán esta semana.
Estados Unidos, que solía ser de los más estrictos en la aplicación de las leyes contra las drogas, tienen la posición más extraña. Se opone a modificar los tratados actuales (son tres, el más antiguo de 1961), pero también ha recibido avisos por violarlos con las iniciativas para legalizar el cannabis de uso recreativo en cuatro estados. Eso hace más difícil que los funcionarios estadounidenses regañen a otros países por tener enfoques menos prohibicionistas.
William R. Brownfield, el funcionario de mayor rango en el combate contra el narcotráfico del Departamento de Estado, busca un balance. En una conversación con periodistas el mes pasado dijo que Estados Unidos no se opondría a las maneras en que otros países decidan utilizar las leyes antidrogas dentro de sus fronteras.
Brownsfield añadió que “mi punto de vista, el de mi gobierno, es que establezcamos puntos básicos: defender la integridad de las convenciones, aceptar la discrecionalidad inherente a las convenciones, ser tolerantes con los gobiernos para que puedan decidir sus políticas internas, y lograr un compromiso para combatir a las organizaciones criminales a nivel transnacional”.
Durante años, las leyes internacionales contra la droga han tratado de eliminar el uso de sustancias ilegales. En 1998, la última vez que Naciones Unidas debatió sobre el tema, se emitió una declaración que hacía hincapié en que el uso de drogas ilegales “no debe aceptarse como modo de vida” y que debería castigarse a productores y consumidores.
Pero ese enfoque ha sido cada vez más cuestionado, y no solo por parte de las organizaciones de salud pública o defensores de derechos humanos. Cada vez se les suman las voces de más fuerzas de seguridad y políticos que sugieren que ha sido más nocivo que positivo.
Sin embargo, es probable que la revisión de las leyes contra las drogas en Naciones Unidas esta semana tenga un alcance limitado.
Los tratados antidrogas no serán renegociados ni derogados, sobre todo por la influencia de países como Rusia, (uno de sus diplomáticos dirige la oficina para las drogas de Naciones Unidas) y Egipto (uno sus enviados liderará la sesión especial esta semana).
Más que nada, el encuentro pondrá de manifiesto que el mundo está dividido sobre el enfoque que debe seguir la legislación sobre las drogas.
Dentro del edificio, está previsto que los países suscriban un documento redactado tras meses de negociación que reafirme el compromiso con “una sociedad sin abuso de drogas” pero que reconozca las implicaciones para la salud pública e incluya “medidas alternativas o adicionales” al castigo. El documento no hace referencia a la despenalización.
La campaña del senador demócrata Bernie Sanders se ha metido en el tema. La semana pasada, estuvo entre los cientos de participantes que firmaron una carta abierta al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon en la que afirmaban que la guerra contra las drogas había sido “desastrosa para la salud pública global, la seguridad y los derechos humanos”.
La carta tenía la firma de una extraña alianza de de políticos, empresarios y activistas. Entre ellos, el multimillonario Warren Buffet, la fundadora del movimiento Black Lives Matter Alicia Garza, el Expresidente de México Ernesto Zedillo y el cantante Sting.
fuente nytimes