El socio comercial y acusado de ser el testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, llegó a destino pensando que mañana declararía en tribunales. Lo esperaba un operativo policial secreto. Báez caería preso ni bien pise tierra.
El fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello ordenaron su detención en el marco del expediente que investiga el lavado de dinero que el empresario constructor habría realizado junto a sus hijos y empleados de jerarquía, siempre con protección política y judicial.
A mediados del año pasado, Marijuán había pedido la indagatoria de Báez, sus hijos y hombres de su confianza en un dictamen de más de doscientas páginas: en ese escrito estaban las principales pruebas por las que Lázaro terminó hoy en prisión.
En abril del 2013, el programa PPT, de Jorge Lanata, había denunciado con testimonios y documentos que el empresario que más se favoreció con contratos multimillonarios de obra pública estatal.
Tras varios años de trabajo con el aparato gubernamental K en contra, Marijuán recolectó información financiera que comprometía al constructor y socio de los Kirchner: facturas truchas por construcciones que nunca se hicieron, reportes de alertas sospechosos de bancos y financieras por alrededor de 900 millones de pesos, movimientos de dinero en efectivo que realizaba él mismo en bancos del sur.
Báez era uno de los mejores amigos de Néstor Kirchner y tiene todavía negocios con la ex presidenta Cristina Fernández y con su hijo, Máximo.
Báez les aquiló hoteles, casas, y hasta construyó edificios con los Kirchner.
Es probable que se transforme, gracias a las pruebas de Marijuán y por orden de Casanello, en el primer condenado a lavado de dinero en la Argentina con negocios con el poder y empresas de diversos rubros.
En el 2003 fundó una empresa que 12 años después había recibido alrededor de 24 millones de pesos en contratos para hacer obras que, en su mayoría, quedaron en la nada.
fuente clarin