El Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), solicitó al juez federal Daniel Rafecas que lo admita como parte querellante en la denominada “causa Hotesur”, en que se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández y a su entorno familiar.
“Es relevante ser querellante en esta causa dado que se investiga la eventual responsabilidad de la ex Presidente y al ex ministro de Justicia Julio Alak y otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ)”, consignó el ente que depende del Ministerio de Justicia en un comunicado.
Desde la IGJ, agregó, se le habría permitido a Hotesur SA “permanecer sin presentar sus balances de los años 2011 a 2013, y sin registrar ni un solo documento societario en orden a la integración de sus órganos de dirección y demás autoridades desde 2009 a 2013 inclusive”.
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La OA hizo foco en las declaraciones juradas, de 2011 a 2013, de la ex jefa de Estado porque “justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado”.
Puntualizó sus sospechas sobre “omisiones e inconsistencias” en las declaraciones juradas con respecto a “cuatro inmuebles y dos locales en Río Gallegos, y seis terrenos y dos locales en El Calafate y una deuda con Hotesur”. “En este caso, la investigación no debe limitarse a la verificación de la correspondencia técnica en la declaración y su ajuste formal a la norma, sino que se debe establecer si esas irregularidades no evidencian, en realidad, asientos falsos o sobredimensionados, destinados a justificar un incremento patrimonial ilícito”, destacó.
También subrayó las “relaciones aparentemente comerciales pero sustancialmente ilícitas -según se denunció- que vincularon a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner con los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López”. “En todos los casos, con sus particularidades, se trata del alquiler total o parcial de los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea, y El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública con fondos federales”, añadió.
Además, la OA pidió a Rafecas “que se investigue el vínculo entre Inversora M&S S.A. de Cristóbal López y El Retorno S.A. por el alquiler de la Hostería El Retorno, a través Idea SA. cuyo presidente es Osvaldo Sanfelice”, quien fue socio comercial de Kirchner y de su hijo Máximo. Debe investigarse, indicó el organismo, “si estas contrataciones” en verdad “esconden mecanismos para reingresar al circuito comercial dinero negro -obtenido por el cobro de sobreprecios, el fraude al fisco, y/o destinado al pago de coimas”.
“O si disimulan el pago de comisiones ilícitas al matrimonio presidencial por los negocios obtenidos; y/o si se trata de meras simulaciones destinadas a justificar el incremento patrimonial ilícito de ambos ex presidentes”, sugirió como hipótesis la OA.
El organismo planteó que también se debe investigar a “los funcionarios responsables de las áreas de difusión, comunicación y prensa de la Presidencia de la Nación” que habrían autorizado “la emisión de un comunicado correspondiente a la empresa Hotesur S.A.” a través de la agencia oficial y la cuenta de Twitter de la Casa Rosada.
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