El exitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quedó envuelto en el presunto caso de evasión millonaria de Cristóbal López. El funcionario buscó justificar el accionar su gestión y deslindarse de haberle brindado alguna facilidad a los empresarios cercanos al poder K.
El actual titular de la AGN sostuvo que la AFIP, en 2011, “inició una causa penal en el juzgado federal de Bahía Blanca al grupo económico Suris”, que terminó involucrando a la empresa Austral Construcciones, propiedad del empresario Lázaro Báez. Según Echegaray, la firma del amigo de Néstor Kirchner utilizaba “facturas apócrifas” y se animó a ir más allá: “Va a terminar preso por una gestión que iniciamos nosotros”.
“Para Suris, que era la usina, la Justicia de Bahía Blanca fue rápida y está preso. En el caso de Báez no, pero son los tiempos de la Justicia”, expresó en TN.
El periodista Nelson Castro también le preguntó por el caso del Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López, y Echegaray esgrimió que el artículo 32 está amparado por la ley. “Una vez que se cumple con las metas de recaudación, la ley le asigna la facultad a la AFIP de otorgar facilidades de pago a empresas que por una situación financiera no llegan a pagar a término”, justificó en El Juego Limpio.
El extitular de la AFIP afirmó que todas las personas físicas y empresas que cumplían con las normas gozaban de esa ley. ”La diva más importante de los medios también lo tuvo”, lanzó y sostuvo que la única firma que no fue aceptada había sido Ciccone.
“Tuvo dos planes de pago: uno para la empresa OIL y otro para el grupo Indalo“, indicó