Lula fue nombrado ministro de la Casa Civil (un equivalente al jefe de Gabinete en Argentina) este miércoles y el jueves fue investido, pero entonces dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, atendiendo a demandas presentadas por partidos y grupos opositores.
La primera demanda de suspensión, tomada en un tribunal de Brasilia, fue anulada el mismo jueves, y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia, esta tarde.
En su decisión, el vicepresidente de la corte, Reis Fride, argumentó que la corte de Río de Janeiro no es competente para impugnar un acto decidido por la presidenta, Dilma Rousseff, que solo podría ser contrariada por el Tribunal Supremo, según un comunicado.
Además, el magistrado Fride consideró que “no le cabe al Judiciario inmiscuirse en consideraciones de carácter político” y valoró que la suspensión del nombramiento de Lula podría acarrear una “grave lesión” al orden público y a la economía, considerando “el riesgo de agravamiento de la crisis político-social que la nación atraviesa”.
La Abogacía General de la Unión solicitó hoy al Tribunal Supremo que unifique las decenas de demandas que los opositores han presentado en cortes de todo el país para cuestionar el nombramiento de Lula como ministro.
Entre otros argumentos, la oposición considera que el nombramiento es ilegal porque se trata de una supuesta maniobra para que el ex mandatario evite ser juzgado por corrupción en los tribunales comunes.
Los opositores sostienen que Lula no puede ser nombrado ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
A pesar de las cautelares, el abogado del Estado, Eduardo Cardozo, explicó el jueves que Lula no dejó de ser ministro y solo fue impedido de ejercer sus funciones hasta que la decisión judicial fuera resuelta, en un plazo de cinco días.
Fuente: agencias