Por eso la foto de mutua complacencia que protagonizaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con la fueguina Rosana Bertone, el sanjuanino Sergio Uñac y el neuquino Omar Gutiérrez en la conferencia de prensa posterior. Por eso, también, el peronista cordobés Juan Schiaretti calificó como “muy positiva” la reunión con el Gobierno y destacó el consenso para solucionar los reclamos provinciales por los fondos de coparticipación. Cuando se reparte plata los ánimos se suavizan.
A la vez y por las suyas, como para que parezca un accidente, los gobernadores dejaron sentado en público su apoyo a la salida del default, camino que se recorre a través del pago a los fondos buitre, que necesita una ley que lo habilite. Abundó sobre el tema el salteño Juan Manuel Urtubey, gobernador con acceso directo al presidente Mauricio Macri, para quien con la salida del default “Argentina empieza a ser un país normal”. Esa normalidad fue el objetivo que propuso Néstor Kirchner el día que asumió, al hablar ante el Congreso en mayo de 2003. Fue hace casi trece años, parecen trece siglos.
Para el Gobierno, la aprobación de la ley que dará respaldo al acuerdo con los fondos buitre es la piedra angular de esta etapa inicial de la gestión. Lo que definirá si Macri se puede encaminar en el rumbo deseado o si se hunde en la ciénaga del desbarajuste mayúsculo que heredó.
Vistas las cosas desde este punto por cierto dramático, el encuentro de ayer en la Casa Rosada tuvo ganadores –Macri y los gobernadores– y arrojó como claro perdedor al sector más recalcitrante del kirchnerismo, que se aglutina alrededor de la figura convocante pero hoy esquiva y difusa de Cristina Kirchner.
Ese grupo, irreductible pero cada vez más arrinconado, rechaza el acuerdo para salir del default porque percibe que eso puede fortalecer a Macri cuando ellos buscan exactamente lo contrario: un debilitamiento vertiginoso, tajante y terminal. Al mismo tiempo, la autonomía de los gobernadores peronistas, decididos a resolver los múltiples y urgentes problemas de sus provincias sin recibir órdenes ni aceptar tutelajes, deja al desnudo la dilución del control de Cristina sobre la estructura que le obedeció sin chistar hasta su último día en el poder.
Los gobernadores peronistas no pretendían irse con los billetes reventándoles el bolsillo. Les alcanzaba con que el Gobierno se mostrara convincente en la decisión de atender sus necesidades, así ellos podían sentirse cómodos en la reciprocidad. Así sucedió.
El Gobierno decía, y dice bien, que la salida del default los va a favorecer a todos, Nación y provincias. Pero los gobernadores pretendían que el acuerdo –si lo hubiera– no fuese mostrado como el triunfo de un bando sobre otro, sino como un entendimiento entre iguales. Gente sensible en extremo, se habían molestado porque el jefe de Gabinete, Marcos Peña, declaró días atrás que la ley para dejar atrás el default no iba a ser un toma y daca. “¿Por qué vamos a ocultar que hay una negociación si la hacemos de modo transparente y a la vista de todos? Eso es la política”, decía un jefe peronista que se pasó los doce años del kirchnerismo cumpliendo órdenes y sin negociar nada. Todo cambia si se tiene o no se tiene el poder. Eso es la política.
Un recurso eficaz puesto en práctica por el ministro Frigerio fue transmitir a los gobernadores que se atenderían por separado las necesidades de cada provincia, eludiendo considerarlas a todas ellas –en especial las peronistas– como un único bloque.
El Gobierno intenta, con cierta elegancia, evitar la unificación de reclamos provinciales. En verdad se trata de situaciones diferenciadas, pero sobre todo porque considera que si esa unificación se produce los gobernadores más experimentados, como el formoseño Gildo Insfrán o el pampeano Carlos Verna, tienen capacidad para entusiasmar el resto, más inexpertos, subiendo el nivel de la demanda para sacar mayor tajada final en la negociación.
El sanjuanino Uñac concedió ayer, la conferencia de prensa, que “es interesante saber que estamos separando las situaciones individuales por provincia”. Cada uno de los nuevos gobernadores, que son amplia mayoría, pretende construir su propio espacio diferenciándose de su antecesor, así fuera del mismo signo político. El caso más notable lo dan las diferencias evidentes entre el chaqueño Domingo Peppo, sumado a la falange dialoguista, respecto del ahora intendente Jorge Capitanich, que sigue abrazado a un cristinismo sin fisuras aunque algo oxidado.
Con cautela a pesar del éxito de ayer, en el Ministerio del Interior dicen que la verdadera dimensión de los avances logrados se medirá por el comportamiento de los bloques peronistas en el Congreso, cuando se trate la ley de salida del default. “Ahora esperamos la prueba de amor. Ahí vamos a ver de verdad cuánto manejan los gobernadores a los diputados y senadores de sus provincias”, dicen cerca de Frigerio.
La primera estación de esa prueba de fuego será el martes próximo, cuando la ley se debata en la Cámara de Diputados. El oficialismo espera una victoria holgada, después del dictamen que alcanzó en coincidencias con el Frente Renovador de Sergio Massa y el bloque del PJ disidente que tiene como figura notoria a Diego Bossio.
La perspectiva del kirchnerismo duro allí es sombría. Un punteo informal hecho ayer por miembros de la bancada que conduce Héctor Recalde, que opera en línea directa con Cristina y La Cámpora, arrojó que para oponerse a la ley de salida del default podrían reunir alrededor de 60 votos. En la bancada son más de 80 diputados. La amenaza de una nueva fractura crece.
Un kirchnerista de la primerísima hora ejercitó el tremendismo un rato después, cuando al ver por televisión la conferencia de prensa de los gobernadores y Frigerio señaló con amargura: “Se acabó el bloque del Frente para la Victoria”. Sonó un poco exagerado.
En el Senado, si bien el clima de la amplia mayoría peronista es a favor de la ley, el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto va a poner a parir al oficialismo. Así como escucharon los argumentos a favor del acuerdo con los holdouts del ex titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y las razones en contra de quien expulsó a Fábrega del Central, el ahora diputado Axel Kicillof, los senadores darán relevancia a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, a quienes ya convocarán como invitados especiales para el debate en comisión.
Pichetto, Juan Manuel Abal Medina y el resto de la conducción del bloque estiman que la exposición de los jefes provinciales permitirá consolidar y aliviar la postura de los senadores. Pero no descartan que la bancada vote dividida. Entre 12 y 18 integrantes identificados con Cristina –de un total de 42 miembros en el bloque– sostendrían el rechazo a la salida del default.
El horizonte es de continua fragmentación en el peronismo, que vive como un calvario la salida del poder. Puede decirse hoy que Cristina y su grupo conservan más incidencia y arraigo en sectores de la sociedad que en la estructura territorial, parlamentaria y sindical del peronismo. Mantienen la mística del relato, una dosis de capacidad movilizadora, cierto activismo en medios y redes sociales, pero pierden poder político real día tras día.
“Al Gobierno no le puede ir mal porque nosotros le vayamos a bloquear alguna medida”, se le escuchó decir a Pichetto cuando se discutía, internamente y con ardor, si había que dar quórum o evitarlo, como proponían desde Diputados los ultra K.
Ese razonamiento de Pichetto se expresa en una agenda que representa el interés de los gobernadores. Y es la base de la política de gobernabilidad en la que por ahora está embarcado buena parte del peronismo en el Congreso, las provincias y los sindicatos.
El juego del peronismo es que Macri tenga las condiciones mínimas para atravesar la transición y desarrollar su programa, que dicho sea de paso todavía no ha sido claramente presentado. Y que las dificultades inevitables que vayan apareciendo no puedan ser descargadas sobre ellos argumentando el ejercicio de una oposición obstruccionista y destructiva.
El preocupante 4,8% que dio la inflación del Congreso para febrero, incluso el 4% medido por el Gobierno de la Ciudad, son el horizonte de espanto que Macri necesita despejar. Tanto como la presión sobre el empleo, traducida en la pérdida de más de 70.000 puestos de trabajo en el sector privado, según estudios conocidos esta semana.
La paciencia social y la tolerancia al sacrificio que se impone a los sectores menos favorecidos pueden tener un límite más cercano y acuciante que la comprensión y colaboración del sistema político.
Al cumplirse ayer tres meses del nuevo gobierno, un ministro que está en el ojo de todos los huracanes decía: “Arrancamos bien en lo económico, pero tenemos que dar señales más claras sobre el control de la inflación y la salida de la recesión”.
Poco que agregar a eso. A confesión de partes, relevo de pruebas.
fuente clarin