Los frentes abiertos son muchos, pero hay hechos que debe esclarecer ya, para que dejen de ser un error. Cristina Fernández aprobó un contrato entre YPF y Chevron (compañía petrolera estadounidense, de pésima fama ambiental después del desastre que dejó en Ecuador), el 16/7/2013. Contrato que se desconoce al día de hoy.
YPF le otorgó a Chevron una concesión sobre una determinada zona en Vaca Muerta, Loma de la Lata, provincia de Neuquén. El contrato contiene cláusulas secretas, que sólo se pueden admitir en casos de riesgos para la soberanía o la seguridad nacionales. No es el caso. Chevron se compromete a invertir US$3.000 millones a lo largo de 35 años y entrar con US$1.240 millones. ¿Los invirtió? No sabe / no contesta.
El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, admite no haber leído el contrato y los legisladores de Neuquén que lo aprobaron, tampoco lo leyeron. Poco serio. Porque no importa el gringo que nos compra, es más importante el criollo que nos vende. El caso llega a la Corte Suprema y ésta ordena el 1/9/2015 entregar el contrato a la Justicia.
YPF cumple la orden el 23/2/2016 y entrega el contrato en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 ante la Dra. Carrió de Lorenzo. 25 carillas de las cuales 3 están tachadas. La excusa: es por el posible “daño al secreto industrial”. ¿? Miguel Galuccio, CEO de YPF dice que la empresa es una Sociedad Anónima privada. Es cierto y que eso lo exime de explicar.
Lo que parece olvidar Galuccio es que el 51% de las acciones son del Estado. Cuando YPF es re estatizada, en parte, mediante la ley enviada por el ejecutivo y aprobada por el congreso, N° 26.741, del 4/5/2012, así lo establece. Más que estatización es una federalización.
La ley establece que el 49% de las acciones será de las provincias petroleras, Jujuy, Salta, Formosa, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, “en proporción a sus niveles de producción, a sus reservas y deberán votar todas juntas”, una suerte de sindicación.
Insistimos, el 51% de las acciones de YPF pertenecen a los argentinos. Es incomprensible que el senador nacional por el PS, Rubén Giustiniani, pida el contrato en el juzgado y se lo nieguen. El 51% es de los argentinos, tenemos el derecho de conocer el contrato, debemos conocerlo.
Más lo ocultan, más nos permiten pensar que hubo algo turbio entre YPF, Chevron y el ex gobierno K. Para aventar sospechas deberían hacerlo público, ya que de no hacerlo, podríamos sospechar de algún funcionario actual que pertenezca al área. ¿Quiénes, fuera de los K, tienen interés en que no se conozcan las cláusulas secretas?
El New York Times en su sección Energy & Environment, aclara algunas cláusulas secretas, no todas. Por ejemplo: 1) en caso de litigio se dirime en Francia, ante la Cámara de Comercio Internacional, CCI. 2) La ley de aplicación es la de New York (¿otra vez Griesa?). 3) Si Chevron decidiera irse, no sería penalizada de ninguna manera y seguiría cobrando regalías de los pozos que hubiera puesto en marcha. 4) YPF debió depositar en un banco de EEUU, como garantía, la suma de US$ 100 millones.
Y hay más, que no sabemos. ¿Por qué no lo conocemos? Con el gobierno K se explica, con el de Cambiemos, no. Pero aparentemente de esto no se habla, de esto no se sabe ni se conoce. Los secretos que hacen a nuestro patrimonio son inadmisibles. Esperemos que el gobierno de Cambiemos nos permita conocer todo aquello a lo que tenemos derecho.