Mauricio Macri apuró esta mañana la firma de un decreto que el devuelve a las provincias, en un plazo de cinco años, el 15 por ciento que se retiene por coparticipación.
Consiguió así el apoyo clave del Frente Renovador, de Sergio Massa, para avalar esta tarde el DNU presidencial que anuló la devolución del 15 % que había dado Cristina Kirchner antes de dejar el poder.
El decreto 406 que crea el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo salió publicado esta mañana en el Boletín Oficial y lleva las firmas de Macri, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La norma establece que la devolución del 15% “se hará en forma progresiva y escalonada durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, estableciéndose como fecha límite para su eliminación definitiva el 1 de enero del año 2021”.
Con este decreto, el Gobierno consiguió el voto del diputado massista Raúl Pérez y evitar así que el kirchnerismo imponga su mayoría en la Comisión de Trámite Legislativo, que está citada esta tarde para tratar el DNU de Macri.
“Como el gobierno nacional cedió a nuestro pedido y los gobernadores tendrán sus fondos, todo indica que sí vamos a votar”, aseguraron a La Nacion desde el equipo de Massa.
En el FR insistieron en destacar que el decreto firmado hoy por Macri es “prácticamente igual” al modelo que Massa le envió ayer al Gobierno. El tigrense consiguió así un importante apoyo de gobernadores peronistas, sin meterse en la interna del PJ.
El decreto firmado hoy asegura que el Consejo deberá quedar definitivamente sellado entre la Nación y las provincias “durante el tercer trimestre del año”, antes de que el Congreso discuta el presupuesto para el 2017.
También establece un “régimen de saneamiento definitivo de la situación financiera” entre la Nación y todas las jurisdicciones. “El gobierno nacional podrá proponer un régimen de transferencia de asignaciones, bienes y servicios” a las provincias, dice en otro apartado.
A cambio, el Gobierno quiere que las provincias aumenten su inversión “en educación, ciencia y tecnología”, así también como en “infraestructura básica, fundamentalmente en el sector de servicios”.
Por último, exige que el acuerdo “deberá garantizar el no agravamiento de la situación fiscal de la Argentina a la fecha del dictado del presente decreto”.
fuente lanacion