El gobierno de Mauricio Macri debate internamente qué hacer con la presión de Chile para que el ex guerrillero Sergio Galvarino Apablaza pierda su condición de refugiado político en la Argentina. Según fuentes oficiales, la posición no ha sido tomada y hay distintas posturas en el oficialismo, aunque algunos funcionarios, como la vicepresidente, Gabriela Michetti, y la canciller Susana Malcorra abrieron la posibilidad de extraditarlo al país vecino.
Argentina tiene hasta el próximo martes 23 de febrero para presentar su justificación como Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los motivos por los cuales en 2010 se le concedió el asilo político aquí. Dicha presentación la había hecho la Unión Democrática Independiente (UDI), el viejo partido ultrapinochetista, cuando Apablaza recibió el asilo político.
Ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Apablaza está acusado por su presunta participación en el asesinato del ex senador de la pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI) Jaime Guzmán, en 1991. La justicia y el gobierno chileno piden su extradición para que rinda cuentas por ese crimen. En septiembre de 2010 la Corte Suprema argentina autorizó la extradición, aunque puso en manos el paso final en manos del Poder Ejecutivo, entonces a manos de Cristina Kirchner, que le dio asilo político, después de un informe de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Del informe que se le enviará a la CIDH participan Interior, Relaciones Exteriores y Justicia.
Por estos días, la prensa chilena revivió la fiebre del reclamo a Apablaza al suponer que la llegada de Macri representaría un cambio de postura en el tema, que fue en realidad promovido por la derecha vecina y finalmente acompañado por el oficialismo socialista. De hecho, los funcionarios de Michelle Bachelet también lo reclaman ahora.
Por otra parte, como contó Infobae hace unos días, el juez argentino en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli decidió que Chile tiene ahora derecho a accionar contra el estatus de refugiado político que le otorgó el gobierno de Cristina. Afirmó que el país vecino “tiene legitimación suficiente para promover este juicio con el objeto de que se controle su legalidad”. En Chile garantizan que los derechos y garantías de Apablaza serán respetados, lo que no cree su defensa.
El punto es que ahora la situación es más compleja. Apablaza, que ha estado enfermo, vive aquí, con su esposa chilena, que curiosamente trabaja en la Casa Rosada desde hace años –y sigue en un puesto en el que es respetada por sus compañeros de la vieja y la actual gestión. No ha sido tampoco, según se afirma, beneficiada con privilegio alguno. Y a su vez, tienen hijos argentinos. El abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, asegura que quitarle a Apablaza la protección del asilo va en contra de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, y utilizará varios ejemplos internacionales para ejemplicar el caso.
fuente clarin