Mientras aísla políticamente a la diputada del Parlasur sumando acuerdos con cooperativistas y dirigentes que supieron ser sus aliados, el mandatario radical ordenó rastrillar expedientes y documentos provinciales para ampliar las denuncias por asociación ilícita y fraude a la administración pública que mantienen detenida a Sala en el penal de mujeres de Alto Comedero.
La mira de Morales está puesta en los 75 millones de pesos que la Red de Organizaciones Sociales, que también lideraba Sala, habría cobrado entre 2014 y 2015 en concepto de “adendas”, esto es, por la redeterminación de precios en la construcción de viviendas. Lo irregular, explicó Morales a LA NACIÓN, es que esas adendas por aumentos de costos no se otorgaban mientras se realizaban las construcciones, sino después de que las cooperativas habían terminado de construir las viviendas y de haber cobrado el final de obra.
Para explicar la operatoria, funcionarios provinciales dijeron que las casas se hacían, se certificaban y se pagaban en cuatro etapas, por un valor de entre 350.000 y 390.000 pesos. Eso se hacía entre enero y julio, pero en agosto las cooperativas pedían una adenda por redeterminación de costos de 96.000 pesos por cada vivienda. Pese a que supuestamente las casas estaban terminadas (y que ya se había pagado el final de obra), se otorgaba la adenda. “Milagro cobró 35 millones de pesos por adendas en 2015, otros 40 millones en 2014 y reclama otra deuda de 144 millones”, dijo Morales a este medio.
LA NACIÓN consultó a la Tupac Amaru por las denuncias y pidió entrevistar a Sala, pero respondieron que no harían comentarios para no entorpecer el pedido de cese de detención que realizaron.
A Sala se la investiga por el cobro de $ 1,5 millones por obras que no tienen certificado de inicio ni final. En otro expediente, se la acusa de cobrar $ 29 millones por un anticipo de obras que no se iniciaron. En esas dos causas están imputados los titulares de otras 13 cooperativas y tres ex funcionarios del Instituto de Vivienda de Jujuy (IVUJ), de la gestión de Eduardo Fellner, que autorizaron los pagos. Dos de ellos están detenidos.
La nueva investigación no sólo disparará los montos a $ 75 millones (más los $ 144 millones pendientes de pago), sino que también está destinada a traspasar las fronteras provinciales y cuestionar el rol del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, ya que se trataría de pagos hechos a través del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, que coordinaba esa cartera a través de la Secretaría de Obras Públicas, que encabezaba José López.
En la gobernación descuentan que, una vez avanzada la investigación sobre construcción de viviendas, se rastrillarán los beneficios sociales que durante el kirchnerismo recibió la Tupac del Ministerio de Desarrollo Social. En otras palabras, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, también podría quedar en la mira.
“Yo no voy a parar con nada. Voy a poner todo para que la Justicia investigue y que llegue a donde tenga que llegar, sea a De Vido, a López o a quien sea”, se envalentona Morales. Y deja en claro que su disputa contra Sala recién comienza.
fuente lanacion