En una suerte de enroque procesal no exento de polémica, el juez jujeño Gastón Mercau concedió ayer por la mañana la excarcelación de la líder de la Organización Tupac Amaru, Milagro Sala, en la causa que la tenía como imputada por instigación a cometer delitos y tumulto, por la que ayer cumplió 14 días detenida. Pero, media hora después de esa resolución, y con la diputada del Parlasur todavía en el Penal de Alto Comedero, Mercau le comunicó que iba a continuar detenida por otra causa, en la que se la acusa de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
La situación de la dirigente quedó agravada no sólo por la continuidad de su detención, sino porque los nuevos delitos que se le imputan prevén penas mayores. Así lo señaló la semana pasada el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda. “Si se logra acreditar el relato de hechos denunciados, hay delitos -la asociación ilícita agravada- con penas máximas de hasta 20 años.”
La nueva causa fue abierta mientras Sala estaba detenida y se sostiene en las denuncias realizadas por el gobierno del radical Gerardo Morales y los dirigentes de cooperativas que integraban la Red de Organizaciones Sociales, liderada también por Sala.
Varios de los denunciantes acompañaron a Sala en el acampe que su organización inició el 14 de diciembre en la plaza Belgrano, frente a la gobernación, para exigir una audiencia con Morales. Pero abandonaron la protesta para adherirse al régimen de regularización iniciado por el mandatario (que entre otras medidas incluyó un censo de beneficiarios y la bancarización de sus salarios). Luego de que Sala fue detenida, la denunciaron.
En dos expedientes, Sala está imputada por no rendir cuentas por 1,5 millones de pesos y por la apropiación de otros 29 millones de pesos. La primera causa involucra también a los titulares de 13 cooperativas, al ex presidente del Instituto de la Vivienda de Jujuy Lucio Abregú y al ex vocal Pablo Tolosa, que anteayer fue detenido junto a Marta Gutiérrez, otra funcionaria del ex gobernador peronista Eduardo Fellner.
En el marco de esas investigaciones por pagos de obras que no habrían llegado a destino, el juez Mercau, a pedido de la fiscal de feria, Liliana Fernández de Montiel, también allanó propiedades de Sala y oficinas de la Tupac Amaru.
La detención de la diputada del Parlasur durante 14 días -por una contravención y un delito excarcelable- generó múltiples reclamos de su defensa, un pedido de “acción urgente” para su liberación, presentado por Amnistía Internacional, y críticas de entidades como el CELS, además de reclamos a Morales y al Parlasur de parte de diputados del kirchnerismo y la izquierda.
El peronismo jujeño, que durante años vivió en tensión con la Tupac, sólo contenida por orden del kirchnerismo, calló o cuestionó tibiamente las acciones judiciales.
La resolución de Mercau generó un nuevo pedido de excarcelación, lo que abre otro período de cinco días para que el juez resuelva. Pero, como mañana concluye la feria judicial, probablemente será otro magistrado el que decida en la causa.
En el entorno de Sala denuncian que el juez no les permite tener acceso al expediente y que no fundamenta los motivos para rechazar la excarcelación. Pero la decisión de ayer les dio pie para sostener otro de sus temores: que mantuvo detenida a Sala a la espera de que “aparezcan” denuncias de delitos más graves.
Sin embargo, a diferencia de los reclamos enérgicos de otros días, la decisión de Mercau pareció impactar de lleno en el ánimo de los aliados de Sala. Reconocen, además, que el acampe de la organización en Jujuy aparece cada día más diezmado. En Plaza de Mayo, en tanto, se mantiene la protesta, liderada por organizaciones políticas y sindicales.
Oficialmente, la Tupac Amaru emitió un comunicado en el que condenó el “grado de humillación y perversidad” del juez por comunicarle a Sala que cesaba su detención, a las 8.30 y, media hora después, con ella todavía en prisión, informarle que continuaba detenida.
Por detrás del intríngulis judicial, lo que subyace es una pelea por el poder entre Morales, que con el aval de las urnas demanda ser también el único gobernador real de la provincia, y Sala, que con impulso del kirchnerismo levantó un Estado paralelo, que construyó viviendas, fábricas, hospitales y escuelas, pero no admitió rivales. La Justicia investiga ahora si la dirigente extorsionó a quienes decía proteger y si, en el camino, se enriqueció con los recursos del Estado.
fuente lanacion