En 2007, las dos partes crearon un “Consorcio de Cooperación” para “facilitar, desarrollar, incrementar y concretar planes de vivienda”, entre los que se encontraba la puesta en marcha de una planta de fabricación de paneles de poliestireno. Sin embargo, al año siguiente disolvieron la sociedad de común acuerdo.
El juez Marcelo López Alfonsín, titular del juzgado N° 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, concluyó que la Fundación Madres de Plaza de Mayo no cumplió con algunas clausulas del contrato de disolución.
Entre los incumplimientos se destacan el pago de los activos de la Corporación Sur que integraban el Consorcio ($ 32.420.617) y del alquiler de un inmueble en Pedro de Mendoza 3825, en el barrio porteño de Barracas, donde estaba asentada la fábrica de paneles de telgopor recubierto de metal y concreto cuyo destino eran las viviendas del fracasado proyecto de “Sueños Compartidos”. El emprendimiento fue cerrado en 2012, unos meses después de que estallara el escándalo por los desmanejos de Sergio Schoklender.
La Fundación se opuso, entre otras cosas, a la tasación que hizo el Banco Ciudad de los activos de la Corporación Sur, por la supuesta parcialidad de la entidad, que responde al Gobierno porteño.
Sin embargo, el magistrado consideró que no hubo fundamentos. “La Fundación incumplió con el deber de buena fe contractual al impedir la implementación de la tasación sin fundamento válido alguno, y que pretendió dilatar y desvirtuar su compromiso de pago pactado en cuotas”, señaló. “Hubo claro accionar de la Fundación tendiente a dar por tierra con lo convenido libremente respecto de la tasación”, añadió.
fuente infobae