Mi padre tiene 90 años, está con detención domiciliaria desde hace 17 y ha padecido ya innumerables complicaciones en los últimos años -cardiopatías severas, síncopes, hipertensión, etc.- que motivaron internaciones en unidades coronarias de terapia intensiva e incluso requirieron la implantación de un marcapasos definitivo. Ese beneficio está establecido por la ley y por la jurisprudencia, unánime para internos que superen los 70 años o sufran graves problemas de salud, sólo ha sido negado a quienes podían poner en peligro la investigación de la causa o se presuma que existe riesgo de fuga.Tratándose de hechos ocurridos hace 40 años, la primera causa de negativa fundada no puede ser invocada y, menos aún, la segunda; nadie en su sano juicio, puede pensar que mi padre pueda intentar, siquiera, fugarse.De todo ello, probado con contundentes informes médicos producidos tanto por los profesionales públicos que lo han atendido cuanto por quienes se expidieron como peritos ante el tribunal interviniente, surge una sola y única explicación para este sin sentido judicial: el doctor Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, ante el cual tramita la causa en que mi padre está imputado, encarna la más infame venganza y desprecia la más esencial justicia; la semana pasada revocó otros arrestos domiciliarios, entre otros del coronel Carlos Saini, el mismo día en que éste cumplía 88 años.
No se trata de un proceder aislado, ya que Rozanski se encuentra imputado penalmente por el asesinato del doctor Aldo Chiacchietta, otro preso que se encontraba bajo su jurisdicción, fue desatendido del cáncer que padecía y al cual, por imperio legal, debía proteger. Lo hago expresamente responsable por los irreparables daños que la supresión injustificada del beneficio del arresto domiciliario cause a mi padre.
Alejandra L. Vañek
DNI 11.515.304