Ex funcionarios kirchneristas o familiares de ministros en funciones y de la presidenta Cristina Kirchner facturan altas sumas de dinero a empresas que tienen negocios con el Estado o que explotan concesiones públicas, en lo que parece una práctica aceitada.
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que esta práctica, aunque no es éticamente aceptable, no constituye un delito a menos de que existan un conflicto de intereses entre las empresas privadas que pagan y los ex funcionarios o parientes de funcionarios que cobran.
En las últimas semanas, se supo que en el transcurso de un año y medio Osvaldo Sanfelice –socio de Máximo Kirchner– recibió de Cristóbal López $ 3.272.155 por alquileres, comisiones e intermediaciones inmobiliarias. López es concesionario del juego, de pozos petroleros y otros negocios con el Estado.
También se conocían las facturas de Romina Mercado a empresas del grupo Indalo y de Lakaut, entre otras firmas. Ahora el sitio Tangoleakes reveló que Isidro Bounine, ex secretario privado de Cristina Kirchner, le facturó más de 70 mil pesos en un mes a la empresa La Corte y otras empresas que pertenecen a Cristóbal Lopez y es contratista del estado, por “servicios de noticias y alertas web”. La Corte es la firma que graba todos los eventos de la Presidenta y luego edita las mejores imágenes.
Bounine -hijo de la niñera que tuvo Florencia Kirchner en su niñez- lo hizo a través de una firma que se llama Apoll Servicios Integrales. Fue secretario privado de Cristina hasta principios de 2011, cuando estaba imputado en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, tras haber multiplicado su capital 45 veces en cuatro años desde su llegada a la Casa Rosada en 2005. En abril del 2011, Bounine fue sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio. Desde el 2011, Bounine integra la empresa Apoll de asesoramiento de servicios de ingeniería y otros y Alterra Propiedades.
Mientras que la esposa del ministro de Planificación Federal y ex número dos de la SIGEN, Alessandra Minnicelli facturó en junio 85 mil a la Caja de Seguros SA, que perteneció hasta hace poco al grupo Whertein. La factura “A” señala que es “un anticipo honorarios profesionales por mediación en siniestros”. Otra factura de Minnicelli es de junio pasado y por 40 mil pesos a la Fundación Universidad Aeroportuaria de Ezeiza. El pago fue por “honorarios contratos de locación”. Se trata de una universidad pública inaugurada en el 2011 por la presidenta Cristina Kirchner y que fue creada por impulso de la diputada del Frente por la Victoria y esposa del ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, Dulce Granados.
fuente clarin