Las agresiones que días atrás debió soportar el gobernador de Córdoba en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de parte de los partidarios de la sindicalización policial, indican a las claras que estos reclamos se mantienen vigentes luego
de las terribles jornadas sucedidas en Córdoba en diciembre de 2013.
Los argumentos para quienes están a favor de la sindicalización policial giran en torno de la imposibilidad de los uniformados para canalizar sus inquietudes, que van desde reclamos salariales hasta los de su propia seguridad personal, debido a las delicadas tareas que desempeñan día tras día.
Pero estos argumentos, sin duda válidos, contrastan con otras posturas, que recomiendan la no agremiación. Por lo pronto, en la Argentina, los sindicatos funcionan como un extrapoder, rol que resulta imposible de sostener en materia de seguridad pública, cuyo ejercicio es exclusivo del Estado.
Este punto es necesario subrayarlo: el Estado ejerce de manera monopólica la seguridad interna y defensa nacional. Además, por su propia naturaleza, las fuerzas de seguridad no pueden ser deliberativas, porque eso atentaría contra la disciplina de una institución que, si bien es civil y armada (según Benjamín Rattenbach, la sociedad “arma” a estas instituciones para satisfacer sus necesidades de orden y seguridad), tiene modalidad vertical y control único e indelegable por parte del Estado argentino.
fuente la voz