Una disputa judicial entre una familia y el gobierno de Jorge Capitanich dirime el futuro de más de 150 mil hectáreas de campo en la provincia de Chaco que pertenecían a Manuel Roseo, un terrateniente de esa provincia asesinado en 2011.
La muerte de Roseo impulsó un viejo anhelo: convertir a la estancia La Fidelidad en un Parque Nacional. La iniciativa fue aprobada por el Congreso en 2014, pero la Administración de Parques Nacionales no puede disponer de los terrenos debido a la aparición de dos herederos, hasta ese momento, desconocidos.
Se cree que el crimen, por el cual Raúl Menocchio fue condenado a prisión perpetua, tiene directa vinculación con la intención de expropiar las tierras.
Tras la muerte de Roseo el gobierno provincial ingresó a La Fidelidad en el sistema nacional de áreas protegidas y creó un fideicomiso para reunir los 64 millones de pesos en los que la Junta de Valuación de Chaco tasó la estancia.
La aparición en escena de Nélida Cuellar, una mujer con la que Roseo tuvo dos hijos, se interpuso en los planes de las autoridades locales. Los jóvenes en cuestión son Emanuel y Lucía, quienes se sometieron a cinco exámenes de ADN y todos fueron compatibles con los genes de Roseo.
En diálogo con PERFIL, Carlos Gustavo Del Corro, abogado de los Cuellar, explicó por qué la Justicia de Chaco no reconoce la identidad de los jóvenes. “Al desconocer a los chicos como herederos, quieren pagar por las tierras el valor fiscal y no el real”, declaró.
Las partes también discrepan en torno al precio de las tierras y la participación de un inversionista estadounidense genera dudas. Douglas Tompkins, titular de la fundación Conservation Land Trust, aportó $ 7,5 millones para iniciar la expropiación. La familia cree que detrás de su participación se esconden negocios.
Pese a que en 2008 el gobierno de Capitanich le otorgó a La Fidelidad un valor de US$ 1.250 la hectárea, en 2012, la Junta de Evaluación provincial le puso un valor de sólo $ 64 millones. “Las tierras valen $ 2.600 millones y quieren pagar solamente $ 60 millones, es una estafa”, expresó Del Corro.
En el entorno de Capitanich respondieron que el gobierno de Chaco no compra las tierras sino que lo hace la fundación de Tompkins y dijeron tener dudas sobre los hijos de Roseo.
Si bien ya se entregó la posesión de las tierras a Parques Nacionales, la propiedad de las mismas aún está en disputa y el acuerdo parece estar lejos.
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