Luego de ser apartado de la investigación de los negocios hoteleros de la familia Kirchner, el juez federal Claudio Bonadio ordenó allanamientos a las empresas YPF y Enarsa y al Ministerio de Planificación.
En una causa por supuestos delitos en las importaciones de gas, los procedimientos son realizados junto a la Policía Metropolitana, dato que también generó polémica y cruces con el Gobierno nacional al no convocar a las fuerzas federales para esos allanamientos.
Ayer, la Cámara Federal desplazó a Bonadio de la causa Hotesur, donde se investiga a la familia presidencial y al empresario patagónico Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.
La denuncia original fue presentada en octubre de 2014 por los diputados Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Pidieron investigar posibles irregularidades en la importación de gas en barcos.
En ese momento llegaron a pedir la interpelación del ministro de Planificación, Julio De Vido. El diputado Alberto Asseff, del Frente Renovador, también presentó un pedido de informes, pero apunto al ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi, quien ocupó ese cargo durante la presidencia de Carlos Menem. Dromi había dicho que las importaciones de gas se hacen con “cláusulas secretas, con claves blindadas y nadie conoce el pliego, ni el precio, ni nada” y provocó una polvareda.
Los legisladores pidieron que se investigue si en las compras de gas importado existió un “delito”. Los diputados del PRO quieren determinar si “los funcionarios y asesores han actuado dentro del cumplimiento de deberes de funcionario público y han realizado negociaciones compatibles con la función pública o si han actuado con desvío de poder en las referidas operaciones”. Quieren ver los contratos de compras de gas desde 2012 -en noviembre de ese año, YPF se hizo cargo de esa tarea, por “mandato” de Enarsa- y los posteriores.
fuente clarin