El tribunal, que hasta hace unos días funcionaba con cinco miembros, quedó desintegrado con la renuncia de Graciela Fernández Vecino, quien se acogió al beneficio de la jubilación con el 82% móvil. Los otros dos integrantes de la CFAT, Ricardo Sanjuán y Raúl David Mender, se inhibieron de intervenir en expedientes vinculados a delitos contra los derechos humanos debido a que tienen vínculos con víctimas de la última dictadura. Sólo quedaron firmes para resolver en la causa contra Milani los jueces Marina Cossio de Mercau y Ernesto Clemente Wayar.
Debido a que hacen falta al menos tres votos para que el tribunal pueda dictaminar, será necesaria la cobertura de la vacante que dejó Fernández Vecino por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación. En ese contexto, la ley 27.145 autoriza a cubrir transitoriamente las vacantes en la justicia federal con nombres surgidos de un listado de conjueces designados en marzo mediante un decreto firmado por la presidenta Cristina Kirchner. Si eso ocurriera, la suerte de Milani quedaría en manos de un tribunal integrado, en su mayoría, por magistrados cercanos al Gobierno. Sin embargo, esa posibilidad podría quedar en duda tras el fallo dictado ayer por la Sala II de la Cámara Federal Penal, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias.
La semana pasada, la CFAT remitió al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de la Nación un informe en el que advierte que varios de los conjueces nombrados por el decreto presidencial figuran como afiliados al Frente para la Victoria y a otras fuerzas, por lo que no reúnen las condiciones éticas necesarias para ejercer la judicatura.
Oportunamente, el fiscal general ante la CFAT, Gustavo Gómez, había advertido a LA NACION que las designaciones de conjueces “son ilegales, debido a que el Gobierno optó por nombrar discrecionalmente a estos magistrados que pueden ser removidos por mayoría simple del Consejo de la Magistratura”.
Una vez que se complete su integración, el tribunal deberá resolver la recusación planteada contra el fiscal federal Carlos Brito, quien en diciembre pidió la indagatoria de Milani y lo imputó por haber falsificado el acta en la que se hizo figurar al soldado Ledo como desertor, con la supuesta intención de encubrir su secuestro y asesinato. Cuando quede definida la situación del fiscal, la CFAT recién podrá tomar una decisión sobre las apelaciones planteadas por la querella y por el fiscal Brito en contra de la decisión del juez de la causa, Daniel Bejas, quien desistió de citar a declarar al ex jefe del Ejército..