El 18 de junio, después de muchas idas y venidas, la ex mujer del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, decidió dividir la querella de sus hijas de la de la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y contratar abogados privados. No fue tanto por las diferencias que puede o no tener con su ex suegra, como por su decepción con los defensores públicos cuando descubrió que miembros del equipo que le asignaron estaban allí para “filtrar información”.
En una primera instancia, fue la propia Arroyo Salgado quien explicó que recurría al Ministerio Público de la Defensa, presidido por Stella Maris Martínez –cercana a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima–, para evitar caer en manos de abogados privados con intereses que pudieran ir más allá de la “búsqueda de la verdad”. Fue allí, cuando se supo que sería Germán Carlevaro, a quien la jueza conocía del tiempo en que había trabajado como defensora oficial, quien representaría a la querella.
La causa avanzó, Arroyo Salgado presentó un informe de parte que fue en contra de las pericias oficiales y habló de homicidio, se enfrentó públicamente a funcionarios nacionales y la madre de Nisman apareció implicada en una causa paralela por presunto lavado de dinero. El trabajo para Carlevaro fue creciendo, al ritmo que lo hicieron las presiones. Según pudo saber Clarín, el primer llamado de atención a Carlevaro llegó por parte de Martínez después que apareciera junto a Arroyo Salgado y sus peritos en la presentación del informe de parte el 5 de marzo en San Isidro. En esa oportunidad, aseguran en los pasillos de tribunales, la titular de la Defensoría llegó a amenazarlo con correrlo de su puesto.
La segunda advertencia fue más contundente y hasta obligó al defensor a presentar una nota por escrito a la Defensoría, aunque luego le pidieron que diera marcha atrás. Esto fue a mediados de abril, cuando Carlevaro le pidió a Martínez que evaluara una posible incompatibilidad en la representación de Garfunkel y Arroyo Salgado en virtud de la causa por lavado de dinero. Pasó el tiempo y finalmente la querella quedó dividida, pero por otros motivos.
El equipo de Arroyo Salgado comprobó que algunos de los colaboradores que la defensoría designó para Carlevaro, “estaban ahí para pasar información, para contar lo que hacíamos y las líneas de investigación”, reveló a Clarín un hombre del entorno de la querella. Indicaron, inclusive, que cuando Arroyo Salgado ya había decidido cambiar de abogados e informado de esto a la Defensoría, uno de los miembros del equipo, Leonardo Miño, solicitó información sensible vinculada al peritaje tecnológico.
fuente clarin